El Comité de Empresa del Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un comunicado para mostrar su disconformidad con la gestión del actual contrato de emergencia. Esta advertencia surge tras la puesta en marcha, durante este mes de febrero, de los nuevos puntos de acopio de trastos itinerantes en la ciudad. Los representantes de los trabajadores avisan de que la justificación inicial de esta medida extraordinaria no se corresponde con las labores que está desarrollando el personal de la empresa adjudicataria.
Los representantes sindicales recuerdan que la situación excepcional que motivó este contrato se sustentaba en el reboso de los contenedores de basura domiciliaria y en la insalubridad que esto generaba en el espacio público.
En este sentido, aclaran que la urgencia decretada por el Consistorio no estaba vinculada de manera prioritaria a la recogida de trastos o enseres, sino a la incapacidad operativa para atender la gran demanda en la recogida domiciliaria.
Desvío de tareas asignadas
El expediente de emergencia supuso la incorporación de aproximadamente 240 personas para tareas de limpieza viaria. El Comité considera esta cifra desproporcionada, dado que el servicio propio del Ayuntamiento cuenta en su totalidad con 229 trabajadores. Además, insisten en que este refuerzo debía destinarse a los contenedores, el verdadero foco del problema original, y lamentan que no se alivie la excesiva carga de trabajo y el estrés que sufre la plantilla municipal de forma estructural.
El órgano de representación asegura haber constatado graves desajustes operativos en la distribución del personal. Según denuncian, parte de los efectivos contratados no desempeña las funciones para las que fueron requeridos o están siendo reubicados de forma arbitraria. Esto provoca que operarios de la empresa FCC ajenos a la emergencia se trasladen a áreas de refuerzo, dejando sus propios sectores de limpieza sin los trabajadores suficientes.
Refuerzos en el Carnaval
La coyuntura está obligando a que el personal del Ayuntamiento sea enviado a realizar labores de apoyo en distritos que teóricamente ya están cubiertos por el nuevo contrato. Como ejemplo de estas prácticas, el Comité señala que se ha detectado a trabajadores de la emergencia sanitaria realizando tareas programadas para la limpieza del Carnaval. Para los portavoces laborales, esta dinámica genera un evidente deterioro del servicio en múltiples barrios.
Ante este escenario de inestabilidad operativa, el Comité exige una fiscalización exhaustiva de los trabajos desarrollados por la adjudicataria principal. Subrayan que la compañía ya percibe una cuantía mensual muy elevada por la prestación del servicio ordinario, a la que ahora se suman de forma extraordinaria más de dos millones de euros mensuales por el mencionado contrato de emergencia.
Los trabajadores concluyen que la ejecución de este operativo está llena de incidencias y de falta de control. Por ello, reclaman al gobierno local transparencia y garantías plenas para asegurar que los recursos de la ciudad se gestionen con la máxima eficiencia y en estricto cumplimiento de los términos acordados.