El comité de empresa de limpieza viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha mostrado su “rechazo e indignación” ante el contrato de emergencia anunciado por la alcaldesa, Carolina Darias, para reforzar el servicio de limpieza en la ciudad. En un comunicado, los representantes de la plantilla aseguran que la situación de riesgo sanitario “ha sido creada por la propia corporación” por su “inacción y falta de competencia”.
El comité considera que el contrato, adjudicado a FCC, incurre en un “fraude de ley” y exige su paralización inmediata, además de la apertura de un trámite de audiencia conjunta con el personal municipal, “parte directamente afectada”. Si no se accede a esa petición, advierten, pedirán las dimisiones de los responsables del área, incluyendo al concejal, al gerente y al jefe de grupo del Servicio Municipal de Limpieza.
“Emergencia creada por el Ayuntamiento”
El comunicado denuncia que la declaración de emergencia se apoya en informes “tergiversados y mal interpretados” y que la suciedad en las calles responde a la falta de personal y de reposición de plazas, el incumplimiento de acuerdos laborales y la no activación de la bolsa de sustituciones prevista en la RPT de 2019.
Según el comité, el Ayuntamiento no ha cubierto jubilaciones ni bajas médicas y ha trasladado a la plantilla la responsabilidad de mantener el servicio sin medios. Critican además que el grupo de gobierno haya calificado esa sobrecarga como “absentismo laboral”.
“Privatización encubierta”
El comité acusa al consistorio de favorecer a una empresa privada en detrimento del servicio público, al considerar que el nuevo contrato con FCC supone una “privatización encubierta”. Recuerdan que la compañía ya gestiona parte de la limpieza y que “no cumple con los objetivos por los que se le paga”, citando como ejemplo las quejas vecinales incorporadas al expediente del contrato de emergencia.
El escrito también cuestiona cómo se puede justificar un despliegue de 234 trabajadores y 44 vehículos para tareas de repaso “cuando la plantilla municipal no dispone de esos medios para su trabajo diario”.
“Fraude de ley por previsibilidad”
El comité cita el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), que limita el uso del procedimiento de emergencia a casos “imprevisibles y sobrevenidos”, y considera que en este caso el Ayuntamiento “ha dejado pasar el tiempo, creando artificialmente una urgencia que podría haberse evitado”.
También recuerdan que el expediente del Órgano Especial de Limpieza, ratificado en 2023, ya reconocía que el personal y los medios existentes eran “suficientes para prestar el servicio público”.
Petición a la alcaldesa
El comité concluye exigiendo que la alcaldesa Carolina Darias asuma directamente el control del servicio y depure responsabilidades por lo que califican como una “gestión ineficaz” que ha puesto en riesgo la salubridad pública y la seguridad laboral del personal municipal.