El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado nulo de pleno derecho el cese de Carlos Saavedra como jefe de la Policía Local de la capital en noviembre de 2019, una decisión tomada por el entonces alcalde Augusto Hidalgo (PSOE).
La sentencia llega tras un largo proceso judicial que culminó con la anulación, el pasado mes de julio, de un fallo anterior favorable al ayuntamiento por parte del Tribunal Supremo. Además, establece que el expediente administrativo del caso no acredita las razones del cese y califica la decisión del Consistorio como carente de pruebas.
Daños al prestigio
"No hay rastro alguno de la acreditación de las razones que fundamentaron el cese de Carlos Saavedra", señala el fallo, subrayando que el ayuntamiento era "consciente de la radical orfandad probatoria" de su decisión. El juzgado también rechaza que el cesado tenga que demostrar la falsedad de los motivos esgrimidos, especialmente cuando estos no están sustentados en el expediente administrativo.
En sus fundamentos, la sentencia afirma que no existe "mácula alguna en el buen nombre, fama o prestigio profesional de Carlos Saavedra", y que estos no deben verse afectados por el relato contenido en la resolución impugnada. El tribunal estima íntegramente la impugnación presentada por Saavedra.
Consecuencias
Carlos Saavedra había sido nombrado jefe de la Policía Local el 22 de noviembre de 2018, tras ganar el concurso para el puesto. Sin embargo, denunció su destitución como ilegal, argumentando que el cese se basó en un informe del concejal de Seguridad y no del Área de Educación, Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud, que era su superior jerárquica; no se le notificó el informe, por lo que no tuvo oportunidad de responder; y los motivos del cese eran falsos y el concejal delegado de Seguridad carecía de competencia para emitir el informe-propuesta.
Con este fallo, que califica la decisión de 2019 como "inmotivada", se refuerzan los argumentos de Saavedra, quien siempre defendió la ilegalidad de su destitución. El ayuntamiento deberá ahora decidir cómo proceder tras esta sentencia, que podría abrir la puerta a posibles reclamaciones por los perjuicios sufridos.