Una auditoría forense sobre la gestión de Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria SA ha destapado un presunto uso irregular de fondos públicos durante la etapa del exgerente Luis Rodríguez Neyra, con un impacto económico que supera los 128.000 euros.
El dictamen pericial concluye que se realizaron disposiciones por valor de 128.615,93 euros desde cuentas de la sociedad municipal hacia el propio gerente, sin soporte documental ni justificación contable, mediante transferencias, cheques y otros instrumentos financieros.
Operativa
El informe no solo cuantifica el dinero, sino que reconstruye la operativa seguida para la salida de fondos, identificando un patrón de movimientos reiterados que no se corresponden con retribuciones contractuales ni con gastos autorizados por los órganos de control de la entidad.
Según los peritos, parte de estos fondos acabaron en cuentas personales del exgerente, lo que, unido a la ausencia de respaldo documental, refuerza la hipótesis de una gestión irregular de recursos públicos. El dictamen subraya que estas disposiciones no fueron registradas correctamente en la contabilidad ni sometidas a los procedimientos ordinarios de fiscalización interna.
Crecimiento sostenido
La evolución temporal de los importes refleja un crecimiento sostenido de las cantidades retiradas: 11.755,17 euros en 2023, 25.247,88 euros en 2024 y 91.612,88 euros en 2025, concentrándose la mayor parte del dinero en el último ejercicio analizado. Este incremento progresivo es interpretado por los auditores como un indicio de consolidación de la operativa detectada.
El análisis también pone el foco en otros posibles focos de irregularidad más allá de las disposiciones directas de fondos. En concreto, la auditoría identifica pagos a proveedores por al menos 39.582,99 euros vinculados a servicios que podrían no haberse prestado o que presentan indicios de duplicidad, tras contrastar la facturación con informes técnicos municipales.
Fallos en el control interno
Entre estos casos, el dictamen menciona actuaciones relacionadas con el mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes en el entorno del Pueblo Canario, unos trabajos que, según la documentación municipal analizada, ya estaban siendo ejecutados por servicios propios del Ayuntamiento, lo que cuestiona la necesidad y realidad de los contratos facturados.
Los auditores advierten además de deficiencias estructurales en los sistemas de control interno de Turismo LPA, que habrían facilitado la ejecución de estas operaciones sin detección temprana. Entre los fallos detectados destacan la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión de pagos, la falta de conciliación adecuada entre movimientos bancarios y registros contables, la inexistencia de controles previos sobre determinadas disposiciones de fondos y la debilidad en la trazabilidad documental de los gastos.
¿Cantidades superiores?
Estas carencias, según el informe, no solo habrían permitido la salida de fondos sin justificación, sino que dificultan la determinación exacta del alcance total del perjuicio económico, por lo que no se descarta que las cantidades detectadas sean superiores.
El dictamen pericial fue puesto en conocimiento del consejo de administración de la sociedad municipal en su sesión celebrada el pasado 26 de marzo, en la que se abordó específicamente el contenido de la auditoría como primer punto del orden del día.
Querella
Como consecuencia directa de estos hallazgos, el consejo acordó facultar a su presidente, Pedro Quevedo, para otorgar poderes especiales con el fin de interponer una querella, en defensa de los intereses de la entidad pública y ante la posible existencia de responsabilidades de carácter penal.
La decisión abre ahora un escenario judicial que podría esclarecer el alcance de los hechos descritos en la auditoría, así como determinar las eventuales responsabilidades derivadas de la gestión de fondos públicos en la principal sociedad de promoción turística de la capital grancanaria.
El caso sitúa bajo el foco la gestión interna de Turismo LPA y sus mecanismos de control, en un momento en el que la transparencia y la fiscalización del gasto público se han convertido en elementos centrales del debate político y social en el ámbito municipal.