La legalidad administrativa y los derechos humanos vuelven a chocar en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos Derecho al Techo y Mi barco, mi casa han lanzado un grito de auxilio para frenar este martes el desalojo de una embarcación en la que vive una mujer de 71 años en situación de "extrema vulnerabilidad".
La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) lleva desde principios de 2025 batallando para liberar atraques en la dársena de embarcaciones menores, con más de una treintena de expedientes abiertos para frenar el uso residencial del muelle capitalino. Estas acciones han sido recurridas por los afectados en los juzgados, que tratan de anular la restricción establecida en la ordenanza portuaria contra el auge de los barcos vivienda.
Bajo la lupa ética
Los colectivos reconocen que "existe una autorización judicial para la ejecución del desahucio desde el 25 de noviembre de 2025", pero cuestionan las formas y la falta de humanidad del proceso. Según estas organizaciones, el lanzamiento "afecta a una mujer mayor en situación de extrema vulnerabilidad y soledad", factores que han sido ignorados por la Autoridad Portuaria.
El núcleo de la queja reside en la desprotección institucional. Los portavoces aseguran que la intención del Puerto "contradice las propias exigencias legales y administrativas para ejecutar un desahucio con garantías mínimas", pues "se pretende llevar un desalojo sin acompañamiento social, sin mediación institucional y sin alternativa habitacional", todo ello "pese a tratarse de una persona mayor en situación de exclusión residencial".
Indefensión administrativa
Más allá de la falta de un techo alternativo, ambos colectivos ponen el foco en el "aislamiento" al que se ha sometido a la afectada. Aseguran que la mujer "no ha recibido una notificación clara, comprensible y acompañada".
En contra de los protocolos habituales, la septuagenaria "ha sido informada de la inminencia del desalojo sin apoyo administrativo ni social, en un contexto de aislamiento, fragilidad y dificultades para gestionar trámites administrativos, circunstancia reconocida como un factor de vulnerabilidad en personas mayores que viven solas", explican.
Llamamiento a la conciencia civil
La preocupación de los activistas trasciende lo material. Advierten que el procedimiento previsto para las 9:00 horas de este martes "podría tener consecuencias graves e irreversibles para la salud y la vida de la persona afectada, dada su situación de fragilidad física y emocional". Por eso hacen un llamamiento a la movilización ciudadana en el Muelle Deportivo.
La Autoridad Portuaria asegura que los motivos del desahucio de la embarcación Claudine son por "falta de conservación, higiene, flotabilidad y seguridad del propio barco", que "no cuenta con mástil ni motor", los cuales son elementos esenciales para la navegación.
Además, "la pintura del casco está en mal estado y tiene aluminosis, incrustaciones calcáreas y acumulación de residuos en la cubierta", añade el organismo que preside Beatriz Calzada.
Peligro para su vida
La Autoridad Portuaria aclara que "la tramitación del desahucio no fue por el hecho de que la embarcación Claudine estuviera siendo utilizada como vivienda, sino porque carece de los elementos de seguridad necesarios y puede poner en peligro la vida de la persona que reside en ella".
Ante esta circunstancia, en el año 2023 se le hizo un requerimiento a la propietaria del barco para que lo reparase, y ante el incumplimiento se inició el desahucio.
Alegaciones
La propietaria presentó en dos ocasiones alegaciones al desahucio, "por lo que no puede alegar indefensión ni desconocimiento de la situación", agregan. En ninguno de esos escritos manifestó estar en situación de vulnerabilidad.
La resolución de desahucio es firme, puesto que no fue recurrida por la propietaria a pesar de haber formulado previamente alegaciones.
Proceso judicial
En el procedimiento judicial de entrada en domicilio, la propietaria no formuló alegaciones ni manifestó situación de vulnerabilidad. De ahí que el procedimiento culminase en un auto de fecha 17/11/25 que ordena la ejecución del lanzamiento en el plazo máximo de dos meses. La fecha vence el próximo 17 de enero.
La primera vez que la propietaria manifiesta “verbalmente” a la Policía Portuaria y a la Guardia Civil que “carece de alternativa habitacional” fue el pasado 18 de diciembre de 2025, sostiene la Autoridad Portuaria en un comunicado. En esa fecha se le comunicó la ejecución del desahucio y esa carencia de alternativa habitacional no se ha acreditado en el procedimiento judicial, subrayan.
El pasado 9 de enero, la afectada volvió a manifestar “verbalmente” a la Policía Portuaria que "no sabe a dónde voy a ir si me echan de aquí”. Ante estas declaraciones, la Autoridad Portuaria informó por correo electrónico a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.