El empresario Felipe Guerra financió con más de 400.000 euros un edificio de viviendas vacacionales construido en La Palma por Miguel Ángel Padrón, que es funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además de jefe de Parques y Jardines entre mayo de 2005 y junio de 2020.

Ambos están imputados en la pieza separada número 5 del 'caso Valka', un procedimiento penal en el que juez y fiscal investigan diferentes tramas de corrupción municipal, con Geursa como principal protagonista en el resto de las diligencias abiertas.

Sancionado

Padrón, a finales del pasado mes de septiembre, fue suspendido de empleo y sueldo durante tres años por Recursos Humanos. 

Le sancionaron con una falta muy grave por incumplir el régimen de incompatibilidades, pues entre octubre de 2014 y octubre de 2021 compartió con Felipe Guerra la empresa Esvertical, sin haber comunicado previamente esa situación al Ayuntamiento, lo cual es obligatorio para obtener la correspondiente autorización municipal.

Préstamo

Unas semanas antes de ese duro castigo, el 10 de septiembre, la Guardia Civil envió un informe demoledor al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

Los agentes adscritos a la investigación encontraron un contrato de préstamo entre Padrón y Guerra Patrimonial FGG, sociedad con la que el empresario ha obtenido una gran cantidad de contratos adjudicados por Parques y Jardines en los últimos años.

El documento fue hallado en el móvil de Padrón y en la propia vivienda de Felipe Guerra. El contrato asciende a 430.000 euros y fue suscrito en 2019, con la finalidad de financiar los apartamentos Flying La Palma, que están ubicados en Los Llanos de Aridane y destinados al alquiler vacacional.

Simulación

Los investigadores, sin embargo, consideran que el préstamo es una simulación para camuflar la dádiva, esto es, un soborno continuado por la adjudicación de contratos públicos, además de una manera de lavar el dinero supuestamente obtenido de manera ilícita.

El hallazgo de la Guardia Civil ha motivado que el Juzgado de Instrucción Nº 2 amplíe la investigación a Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón, sumando el cohecho (soborno) y el blanqueo de capitales a los cinco delitos iniciales: falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de Influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción tras analizar el nuevo informe.

Indicios sólidos

La clave de la ampliación de las pesquisas es un contrato de préstamo fechado el 20 de mayo de 2019, por el cual Guerra Patrimonial FGG S.L. concedió 430.000 euros a Miguel Ángel Padrón, una cantidad que se corresponde con el 70 % del valor de la obra para hacer los apartamentos.

La Guardia Civil ha documentando que el jefe de Parques y Jardines recibió transferencias por importe de 407.184,30 euros entre mayo de 2019 y marzo de 2020.

El préstamo carece de lógica comercial y financiera porque se pactó a Euribor + 0%, lo que en la práctica supuso un interés cero o virtualmente nulo en ese periodo y, por tanto, con una rentabilidad inexistente.

Tampoco se establecía un plazo de amortización fijo, es decir, Padrón tenía plena libertad para amortizar el capital pendiente a su antojo, y el plazo de devolución fue excepcionalmente largo: hasta el 31 de diciembre de 2035 como fecha límite.

Nexo causal

Es más: existe una conexión temporal entre el préstamo y las actuaciones del funcionario. El contrato se firma el 20 de mayo de 2019. Inmediatamente después, Padrón interviene de manera decisiva en un concurso público para suministrar agua de riego a los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya. 

En esa licitación, Guerra Patrimonial FGG obtiene 750.000 euros, siendo clave la participación de Padrón en la tramitación del expediente administrativo, que también fue firmado por Inmaculada Medina, entonces concejala de Parques y Jardines, con Augusto Hidalgo de alcalde. 

Decisivo

Padrón no sólo redactó y firmó el pliego de prescripciones técnicas (junio de 2019) y los aspectos administrativos para el pliego de cláusulas (agosto de 2019), sino que se designó como responsable del contrato adjudicado a la empresa de su propio prestamista, firmó el acta de inicio de la prestación del servicio con el empresario (marzo de 2020) y se encargó de certificar mensualmente el importe de los suministros ejecutados por Guerra Patrimonial FGG.

Todas estas intervenciones acreditan por sí mismas el incumplimiento de su deber de abstención, razón por la que finalmente ha sido suspendido de empelo y sueldo por el Ayuntamiento.

Blanqueo

Pero juez y fiscal van más allá: señalan que el préstamo es el vehículo para dotar de apariencia de legitimidad a la dádiva, invirtiendo el dinero del supuesto soborno en la construcción de los apartamentos, con el objetivo de integrarlo en la economía formal.

Además, la relación societaria previa de Padrón y Guerra en la empresa Esvertical evidencia la existencia de intereses comunes, al tiempo que pone en entredicho la imparcialidad del funcionario.