Los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria tendrán que prepararse para la llegada de una nueva tasa de basura a partir de 2026, que supondrá un coste de 149,3 euros anuales.
Este es el importe máximo que contempla la nueva ordenanza aprobada por la Junta de Gobierno de la ciudad antes de su remisión a pleno. No obstante, el coste podría reducirse si se logra disminuir la cantidad de residuos mezclados, incentivando así un comportamiento más responsable con el medio ambiente.
Hasta ahora, Las Palmas de Gran Canaria tiene establecida una tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, que data del año 1998, aplicable únicamente a sujetos pasivos que desarrollen cualquier clase de actividad (industrial, comercial, profesional, artística, de restauración y hospedaje, financiera y de ocio), no afectando al conjunto de la ciudadanía, algo que la implantación de la nueva ley obliga a modificar.
Impacto económico en la ciudad
Con esta nueva tasa, Las Palmas de Gran Canaria se situará como la quinta capital de provincia más cara en términos de gestión de residuos urbanos. Según un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), solo Donosti (202,05 euros), Girona (170,8 euros), Barcelona (156,65 euros) y Granada (153,72 euros) superan a la capital grancanaria en este aspecto.
Para contribuir a la prestación de este servicio, el Ayuntamiento ha definido la “forma más justa”, de tal forma que “quienes más residuos generen deberán pagar más”, al tiempo que se incentivará, con bonificaciones, la correcta separación, reduciendo así la generación de residuos y de sus emisiones asociadas, según ha detallado la alcaldesa.
Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento tiene el propósito de lograr que las tasas sean de la menor cuantía posible para personas y empresas, bonificando la participación de los usuarios del servicio cuando reduzcan la generación de residuos y/o cuando contribuyan a su tratamiento y valorización.
Obligación legal
La implementación de esta nueva tasa responde a una obligación impuesta por el Gobierno de España tras la trasposición de una directiva europea al marco jurídico nacional.
Esta normativa establece medidas específicas para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos y obliga a los municipios a establecer un tributo que cubra parte de los costes asociados.
Objetivo: una ciudad más sostenible
La tasa está diseñada para fomentar una gestión de residuos más sostenible en la ciudad. Reducir la cantidad de residuos mezclados permitirá no solo disminuir el importe que cada vecino debe pagar, sino también contribuir a una menor carga ambiental.
Esta medida busca alinear a Las Palmas de Gran Canaria con los estándares europeos en términos de gestión de residuos y sostenibilidad. A partir de 2026, los residentes deberán adaptarse a este nuevo sistema, que promete ser una herramienta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.