El fantasma de 72 viviendas entregadas a finales de 2017 en Tamaraceite todavía sobrevuela por Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de la ciudad ha autorizado, una década después, el gasto de 144.345,61 euros para zanjar un conflicto judicial —tras un silencio administrativo— con las empresas Valoriza y Scrinser. ¿El motivo? Unas deudas que acumulaba el Consistorio.
Así queda reflejado en una resolución del pasado 23 de abril a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy. El documento, firmado por la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, recoge que la ciudad aún debe los intereses derivados de una certificación de los trabajos —la número 25 para ser exactos—. Una obra que puso punto y final hace casi 10 años.
La sentencia
El pleito, que se desarrolla en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo su momento clave en 2023. En aquel momento se dictó la sentencia que condenaba al Ayuntamiento capitalino a pagar también dos facturas por revisión de precios y consumo eléctrico. Ambas sumaban 132.660,42 euros.
Pero la cosa no queda ahí: tenía que devolver un aval —entregado como garantía de las obras— que alcanzaba los 258.731,25 euros. El tiempo pasó y el Consistorio fue cumpliendo. Primero pagó la factura de 5.516 euros, después la de 258.731,25 y por último reintegró la ‘fianza’ que habían aportado las empresas antes de empezar con la faena.
La oposición
Casi tres años después, cuando parecía que todo estaba resuelto, la justicia se encargó de recordarle al Ayuntamiento que seguía sin pagar los intereses por el certificado de obra. Lo hizo a través de una diligencia donde le pidió un justificante que demostrara su cumplimiento. O, dicho con otras palabras, le dio un toque de atención.
Eso ocurrió el pasado 10 de marzo. Solo 17 días después, la corporación ya había tramitado el gasto y el 23 de abril lo autorizó de manera definitiva.
Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular (PP) en el Consistorio, se muestra crítico con que se haya tardado tanto en resolver el conflicto en los tribunales. “Todavía estamos pagando obras terminadas hace años”, afirma el edil.
El proyecto
Las 72 viviendas estaban enmarcadas en el Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) de Tamaraceite, todo dentro del Plan de Reposición del antiguo Patronato Benéfico Francisco Franco. Augusto Hidalgo, alcalde del municipio por aquel entonces, lo definió como “una de las obras más importantes” para remediar una realidad “injusta”.
“Una situación de indignidad a la hora de vivir”, exclamó el exregidor durante una visita a los trabajos. Merece la pena resaltar que el edificio materializaba los compromisos adquiridos en 2008 por cuatro administraciones: el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el Gobierno de España.
Las casas fueron entregadas a finales de 2017. “Con la entrega, en los próximos dos meses, de estas 72 viviendas nuevas, vamos a crear un escenario totalmente distinto, a dotar a estas personas de las condiciones de habitabilidad mínimas, y a acabar con las condiciones de indignidad absoluta a las que se enfrentan las familias”, llegó a decir quien fue primer edil.