La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias de investigación preprocesal contra dos responsables de la ONG Salvamento y Emergencias Sanitarias por un presunto delito de usurpación de funciones públicas.
Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2024, como informó pocas horas después este medio, durante un evento solidario organizado por el Club de Moteros en la plaza del Centro Comercial Las Arenas, en la capital grancanaria.
Corte de la vía
Según consta en el decreto de la Fiscalía, los acusados, junto a tres voluntarios de la ONG, acudieron al evento con la intención de prestar colaboración sanitaria y de emergencia.
Sin embargo, durante el desarrollo de la actividad, asumieron funciones de regulación del tráfico, cortando momentáneamente los carriles de circulación en las inmediaciones del centro comercial, pese a que el semáforo estaba en verde.
Además, mientras circulaban por la GC-3 junto a los vehículos del evento, ordenaron a un conductor que acelerara la marcha para facilitar el tránsito del convoy hacia Telde
Informe del Ayuntamiento
Dos agentes de la Policía Local actuaron de oficio al redactar un primer informe —sobre la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la ONG— a petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Semanas después, los sindicatos del propio cuerpo municipal denunciaron el caso a la Fiscalía.
Tras conocer el paso dado por la Fiscalía, Víctor García —portavoz de USPB—, señaló que "todos los sindicatos unidos en plataforma exigimos que se deje de utilizar la seguridad privada, mas allá de colaboradores o complemento al servicio que prestan la Policia Local y las fuerzas de seguridad".
"La Policía Local", añadió, "no puede ser sustituida ni reemplazada. Defendemos reforzar la seguridad publica y mejorar los medios técnicos y humanos para garantizar un servicio esencial y la seguridad ciudadana"..
Competencia de la Policía
La Fiscalía recuerda que la regulación del tráfico es competencia exclusiva de la Policía Local, según lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986 y la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias.
Por ello, el Ministerio Público considera que los hechos podrían constituir un delito de usurpación de funciones públicas, tipificado en el artículo 402 del Código Penal, que puede ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
Diligencias previas
El decreto, firmado por la fiscal Mercedes Gil Castillo, ordena remitir el caso al Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria, para la apertura de diligencias previas.
Se ha solicitado la toma de declaración de los investigados y de varios testigos, entre ellos dos agentes de la Policía Local que presenciaron los hechos y voluntarios de la ONG.