La Asociación Custodia del Territorio Guiniguada ha dado por concluida su campaña de micromecenazgo, con la que ha buscado reunir los fondos necesarios para defender por la vía judicial la legalidad urbanística en torno al proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. La entidad ha querido agradecer públicamente el respaldo recibido a través de una nota de prensa.
Según explica la entidad, han contribuido a la iniciativa estudiantes, profesionales, personas de distintos ámbitos y organizaciones. La asociación sostiene que la respuesta ciudadana demuestra que existe una preocupación real por el futuro del Guiniguada y por la forma en que se toman las decisiones que afectan a la ciudad.
Para la entidad, el valor del apoyo recibido trasciende la cantidad recaudada, una cifra que el comunicado no detalla. Lo interpreta como una muestra de compromiso con el territorio, con la participación ciudadana y con la necesidad de que las actuaciones públicas respeten el marco normativo vigente.
Qué quiere examinar la asociación en los tribunales
La asociación considera necesario examinar, por las vías legales correspondientes, posibles incumplimientos del Plan General de Ordenación y del Plan Insular de Ordenación. Estos se refieren, según indica, al concurso del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias y a la posterior contratación de Battle & Roig para la redacción del proyecto y la dirección de las obras.
La nota habla de impulsar un recurso contencioso-administrativo, pero no precisa si ya ha sido presentado ni en qué fecha. Tampoco se pronuncia sobre el contenido concreto de las presuntas irregularidades.
¿Por qué debe pagarlo la ciudadanía?
La iniciativa abre, a juicio de la asociación, una cuestión que merece una reflexión colectiva: cómo es posible que la ciudadanía tenga que organizarse y reunir fondos para acudir a los tribunales con el fin de defender el cumplimiento de la normativa urbanística frente a actuaciones promovidas desde una administración pública, cuando esa es, recuerda, su obligación.
La entidad defiende que la defensa de la legalidad, la transparencia y el interés general no debería depender de la capacidad económica de la ciudadanía. Aun así, entiende que, cuando existen motivos de preocupación, la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta fundamental para exigir responsabilidades y buscar soluciones por los cauces legales.
Próximos pasos
La asociación ha reiterado su agradecimiento a quienes han colaborado, compartido la campaña o difundido sus objetivos, y ha anunciado que seguirá informando de los próximos pasos y del desarrollo de las actuaciones que emprenda.
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