El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a una nueva controversia urbanística tras la denuncia de un grupo de ciudadanos que han solicitado la suspensión del concurso del ‘Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias’. Alegan que el proyecto se ha lanzado sin cumplir los requisitos legales de planificación, pasando por alto la necesidad de un Plan Especial que abarque toda la zona afectada.
El escrito con estas alegaciones fue leído este viernes en el pleno municipal celebrado en las Casas Consistoriales por José Fernández Pérez, quien expuso que el concurso pretende desarrollar un proyecto de obras sobre el Sistema General SG-51. Sin embargo, el Plan General de Ordenación (PGO) establece que cualquier actuación en este ámbito debe estar previamente regulada por un Plan Especial, algo que el Ayuntamiento ha ignorado.
Según Fernández Pérez, el proyecto no se trata de una obra menor, ya que su impacto se extiende a un área tres veces mayor que la del propio ámbito del concurso, afectando además al núcleo más urbano y complejo del Guiniguada. “No se puede justificar con rigor que un proyecto de estas características se acometa sin un Plan Especial previo”, denunció en el pleno, subrayando que el Ayuntamiento ha rebajado artificialmente la importancia del proyecto para evitar este trámite obligatorio.
El concurso incumple el Plan Insular de Ordenación
Otro punto clave de la denuncia es que el proyecto también contraviene el Plan Insular de Ordenación (PIO). Esta normativa prevé la posible demolición del embovedado del Barranco Guiniguada entre Triana y Vegueta, siempre que no sea imprescindible para la movilidad entre ambos barrios. Sin embargo, el pliego del concurso bloquea esta opción, obligando a mantener las bóvedas de hormigón y limitando la posibilidad de una reorganización urbanística más ambiciosa y funcional.
Fernández Pérez criticó que esta exclusión supone un ataque a la planificación urbanística y que el Ayuntamiento debería haber considerado todas las alternativas antes de convocar el concurso. “El Plan Especial es el instrumento más garantista en términos democráticos y ambientales, pues permite la participación ciudadana y el análisis de diversas opciones”, afirmó.
Deserción de equipos y falta de respuesta del Ayuntamiento
La falta de planificación y las deficiencias del concurso han llevado a que dos de los equipos seleccionados para el proyecto hayan decidido retirarse, uno de ellos argumentando que el planteamiento actual requiere un enfoque propio de un Plan Especial y no de un simple concurso de ideas.
Pese a que la solicitud de suspensión del concurso fue presentada el pasado 4 de noviembre, el Ayuntamiento aún no ha dado respuesta a los ciudadanos. Fernández Pérez lamentó que esta actitud refleja “un preocupante síntoma de escaso interés por trabajar de acuerdo con la legalidad y al servicio de los intereses generales”, además de una falta de compromiso con la participación pública.
Ante esta situación, los denunciantes reclaman al Ayuntamiento que analice y valore sus consideraciones y se pronuncie de manera clara sobre la legalidad del proceso. Advierten que, de no haber un cambio de postura, el concurso podría derivar en futuras impugnaciones legales y un conflicto urbanístico de mayor envergadura.