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La exconcejala Inmaculada Medina, durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión. / EFE / Quique Curbelo

Los interrogatorios del 'caso Valka': el juez cita a Inmaculada Medina el 19 de diciembre

La exconcejal comparecerá como investigada junto al funcionario Sergio González y la empresa Guerra Patrimonial. El otro funcionario imputado, Miguel Ángel Padrón, está emplazado para el día 17 junto al empresario Felipe Guerra

​​El Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado las fechas de las declaraciones de los investigados y testigos dentro del denominado caso Valka, una investigación que indaga una presunta trama de corrupción en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento capitalino.

La exconcejala Inmaculada Medina Montenegro (PSOE), recientemente imputada, tendrá que comparecer ante el juez en calidad de investigada, junto a  dos funcionarios y un empresario.

Calendario

Las declaraciones que centran la atención judicial sobre la presunta malversación, prevaricación y fraude se llevarán a cabo el 19 de diciembre. Medina Montenegro tendrá que comparecer con abogado a las 11:00 horas, seguida de Sergio González Cubas, que es jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines.

La jornada del 19 la cierra Guerra Patrimonial FGG SL, a cuya persona jurídica el juez imputa malversación y cohecho.

Además, para el 17 de diciembre, están citados como investigados Felipe Guerra González y Miguel Ángel Padrón Hernández, a las 11:00 y las 11:30 horas, también por cohecho, entre otros delitos.

Testigos

La ronda declaraciones empezará el 9 de diciembre con los testigos. Son los empleados públicos Bruno Naranjo y Víctor Alonso Martínez, así como la concejala Gemma Martínez Soliño, todos con responsabilidad en Parques y Jardines.

Esta pieza separada del caso Valka se centra en una trama que operó en el Ayuntamiento entre 2015 y 2022, supuestamente dedicada a la distracción sistemática de fondos públicos a través de la manipulación de contratos y la emisión de "facturas falsas y sobrecostes" que superaban el 70% del consumo real del agua del riego, sin verificar las lecturas de contadores.

La Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la ampliación de la investigación, sostiene que la firma de la concejala Medina en numerosas certificaciones mensuales "sin verificar" dotó de apariencia de legalidad a documentos mendaces, facilitando el pago indebido de fondos municipales y un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.