Jennifer y sus dos hijos menores de edad se enfrentan este martes a un posible desahucio en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. La familia, que no dispone de una alternativa habitacional, permanece a la espera de la llegada de la comitiva judicial mientras casi un centenar de personas se han concentrado frente a su vivienda para intentar evitar el lanzamiento.
Desde el colectivo Derecho al Techo denuncian la “inacción” de las administraciones públicas, en especial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por los retrasos en la elaboración de un informe de vulnerabilidad solicitado desde julio.
A ello se suman, según la plataforma, problemas en la tramitación judicial que han impedido incorporar al expediente la documentación presentada por la abogada de oficio de la familia.
Informe de vulnerabilidad solicitado
La historia de Jennifer comenzó cuando se trasladó con sus dos hijos a la vivienda de una amistad, a cuyo nombre figuraba el contrato de alquiler. Según explica Sofía Olivares, portavoz de Derecho al Techo, la madre contribuía a los gastos habituales de la casa, como el agua y la electricidad, pero la persona titular del contrato desapareció y dejó de pagar las mensualidades sin comunicárselo.
En julio, una comitiva judicial acudió a la vivienda para ejecutar el desahucio. Sin embargo, al comprobar que residían allí dos menores, el lanzamiento quedó aplazado y se solicitó un informe de vulnerabilidad.
A la espera desde julio
El problema, denuncia Olivares, es que el documento nunca llegó a elaborarse, pese a haberse solicitado en dos ocasiones. Olivares explica que les administraciones se escudaron en que supuestamente los servicios encargados no consiguieron localizar a Jennifer. “En cuanto nosotros hemos intermediado, la hemos podido localizar al día siguiente”, critica la portavoz del colectivo.
La plataforma tuvo conocimiento del caso el pasado jueves por la noche y comenzó a realizar gestiones para intentar paralizar el desahucio. También se ha intentado negociar un contrato de alquiler directamente con el propietario, aunque por el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo. Se plantean que lo más posible es que el dueño quiera vender la propiedad para sacarle beneficio.
Problemas con la tramitación judicial
Paula Núñez, también portavoz de Derecho al Techo, explica que la abogada del turno de oficio asignada a Jennifer ha acudido este martes a la vivienda y les ha trasladado nuevas dificultades en la tramitación judicial.
Según relata, la letrada recibió el caso el pasado 30 de septiembre, pero desde entonces ha tenido problemas para incorporar documentación al expediente. “Se le dice que la designación del turno de oficio no ha llegado correctamente al juzgado y no puede introducir los documentos en el expediente”, señala Núñez, quien denuncia que la documentación aportada por la defensa no puede ser consultada por el órgano judicial.
Pasividad de las administraciones
A esta situación se suma la falta del informe de vulnerabilidad. Jennifer continúa realizando gestiones con los servicios sociales para conseguirlo, pero el colectivo desconoce si llegará a tiempo al juzgado. “El problema no es tanto que no haya herramientas judiciales o administrativas como que las administraciones no están actuando. Lo que falta es voluntad de aplicar la ley”, sostiene Núñez.
La portavoz considera que el informe debería permitir solicitar la paralización del lanzamiento al amparo de la normativa vigente, aunque reconoce que la decisión final depende del juzgado.
Casi un centenar de personas
Por su parte, Javier Morales, también presente en la movilización, recuerda que en la orden judicial figuran como interesados el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Consejería de Bienestar Social y el ICAVI.
Ante esta situación, casi un centenar de personas se han movilizado en Pedro Hidalgo para intentar impedir el desahucio. Los asistentes permanecen frente a la vivienda a la espera de la llegada de la comitiva judicial, mientras Derecho al Techo se prepara para negociar una posible suspensión.
“No se puede dejar a dos menores en la calle sin ningún tipo de protección”, insiste Paula Núñez, que reclama a las administraciones una respuesta urgente para evitar que Jennifer y sus hijos pierdan su hogar.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.