Los ​jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer (VIOGEN) han emitido un comunicado en el que alertan del "anunciado y más que previsible colapso" de estos órganos judiciales a partir del 3 de octubre, fecha en la que asumirán nuevas y amplias competencias.  

Los juzgados especializados en violencia de género sumarán a su carga de trabajo la competencia para conocer de delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.  

​Promesas inclumplidas

El documento está firmado por 123 profesionales, incluidos los dos juzgados de Santa Cruz de Tenerife, tres de Las Palmas de Gran Canaria y uno de San Bartolomé de Tirajana, con titulares, exfiscales y refuerzos de toda España.

Los firmantes denuncian que la carga de trabajo es "inasumible" porque esta ampliación de responsabilidades no ha venido acompañada de los recursos y el personal prometidos por el Ministerio de Justicia.

El 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas de estos juzgados señalaron las "nefastas consecuencias" que la sobrecarga supondría para unos órganos judiciales ya saturados. Justicia aseguró que se crearían un 50% más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer y se dotaría de recursos donde fuera necesario, pero la realidad es "muy distinta", recoge el comunicado.

Comisiones de servicio

No solo no se ha creado el 50% de plazas en la mayoría de los partidos judiciales, sino que tampoco se han nombrado los refuerzos temporales prometidos hasta la creación de dichas plazas, que está prevista para el 1 de enero de 2026.

Estos refuerzos, además, se limitarán a "comisiones de servicio sin relevación de funciones", con jueces que asumirán este trabajo de manera adicional, sin que implique "presencia física" en los juzgados especializados.  

Carencias de medios y sedes

Los firmantes señalan otras graves carencias que dificultarán su labor y la atención a las víctimas, como los servicios auxiliares, pues no se han aumentado los forenses ni el personal en las oficinas de atención a las víctimas y en el servicio de asistencia jurídica.  

Tampoco se han adaptado la mayoría de las sedes judiciales para llevar a cabo la nueva labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort, tanto para las mujeres como sus hijos e hijas.  

Sacrificio Personal

A pesar de la situación, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer aseguran que, al igual que ha ocurrido con los problemas técnicos en las pulseras de detección de proximidad, asumirán "hasta donde podamos todas esas carencias" para asegurar la protección de las víctimas.  

Sin embargo, advierten que "esta vez" no podrán "abarcar todo lo que se avecina porque es inasumible". Los afectados vaticinan que no podrán seguir realizando su labor a costa de su "sacrificio personal porque ni siquiera eso será suficiente", añaden.

 El colectivo lamenta que sus advertencias, realizadas desde hace meses, no hayan sido atendidas.

En Canarias, por ejemplo, sólo se han implementado algunas medidas en Fuerteventura y algunas sustituciones en Las Palmas Palmas de Gran Canaria, mientras Santa Cruz de Tenerife está al borde de la saturación, como señalaron recientemente las autoridades en la apertura el año judicial.