El caso Valka entra en una fase más delicada para Inmaculada Medina. El juez no solo mantiene la investigación, sino que refuerza su posición con un auto que describe un sistema de pagos presuntamente irregular sostenido durante años.
El auto judicial sostiene que la exconcejala habría tenido un papel “reiterado y sistemático” en la aprobación de facturas vinculadas al suministro de agua para riego municipal.
Según el magistrado, estas facturas se habrían tramitado sin respaldo en consumos reales, utilizando datos inflados o no verificados y sin los controles técnicos exigidos en los contratos.
Pagos sin control real
El documento describe que las cantidades facturadas se ajustaban al crédito presupuestario disponible, agotando partidas anuales de hasta unos 250.000 euros, independientemente del consumo efectivo.
Esta práctica, mantenida entre 2015 y 2022, apunta a un modelo “estructurado y sostenido en el tiempo”, en el que la firma de la exconcejala era clave para autorizar la salida de fondos públicos .
El juez también aprecia indicios de una actuación conjunta con responsables técnicos y la empresa adjudicataria, orientada a simular la ejecución de los contratos y justificar pagos indebidos.
Este entramado habría permitido consolidar un sistema de facturación irregular en beneficio de la empresa, según recoge el auto en fase indiciaria .
Uno de los elementos que refuerzan la investigación es la caída drástica de la facturación desde diciembre de 2022, coincidiendo con la implantación de controles basados en lecturas reales de contadores. Para el magistrado, este dato apunta a que las facturaciones anteriores no se correspondían con consumos reales .
Medidas cautelares
En base a estos indicios y al posible riesgo de eludir la acción de la justicia, el juez acuerda la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España.
El auto considera la medida proporcionada y necesaria para garantizar la presencia de la investigada en una causa compleja y de largo recorrido .
Medina está investigada por presuntos delitos de malversación agravada, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración. La resolución puede ser recurrida, mientras la investigación sigue abierta a la espera de nuevas diligencias.