El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria ha rechazado la nulidad parcial de las actuaciones solicitada por las defensas del caso Valka, que tratan de tumbar la investigación previa de la Fiscalía a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), la cual desembocó en la querella y las actuales diligencias penales dirigidas por el magistrado Rafael Passaro.

Las abogados de los investigados, entre ellos José Manuel Setién, excoordinador de Urbanismo y exconconsejero de Geursa, Marina Más, gerente hasta el mes pasado de la entidad municipal, y Carlos Cabrera, actual responsable de Movililidad y Obras, alegaban vulneración de derechos fundamentales por las diligencias preprocesales del ministerio público, que califican de "prospectivas" y "generalizadas", pero el juez instructor rechaza ese argumento y respalda la investigación anterior al proceso penal realizada por la Fiscalía.

Origen

El ministerio fiscal, tras la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Rehoyas Avanza, recabó documentación sobre expedientes urbanísticos, practicó testificales y formuló la querella, solicitando al juez el secreto de las actuaciones, que fue levantado tras el registro de las propiedades de los imputados y de las oficinas de Geursa, entre otras dependencias municipales y diligencias de investigación.

Las defensas intentan invalidar esa parte de las diligencias, que es clave para la acusación pública y el magistrado instructor. Passaro ha autorizado a la Guardia Civil a extraer los datos de los dispositivos electrónicos intervenidos, así como de los servidores municipales y de todo el entorno virtual de los investigados, entre otros medios de prueba dirigidos a cruzar las comunicaciones privadas con los proyectos bajo sospecha promovidos por Geursa (desde el Plan Parcial Tamaraceite Sur hasta obras como la MetroGuagua o la mejora de los accesos a El Confital).

Exceso

Los letrados consideran que la actuaciones previas del ministerio público y los registros han vulnerado el derecho de defensa de los investigados, además de considerarlas excesivas, pues van más allá de la denuncia presentada por Rehoyas Avanza.

El juez replica en su auto que las defensas no han concretado la vulneración de derechos planteada, la cual solo puede acordarse en la fase de instrucción cuando es "manifiesta", según el criterio general seguido por la Audiencia de Las Palmas, a la que sin duda acudirán los abogados para volver a pedir las nulidades.

Marco

El juez, además, recuerda que la denuncia de Rehoyas Avanza es "el marco" de la investigación, la cual se puede ampliar cuando se descubren hechos "conexos" susceptibles de delito, como ocurrió al verificar que Setién seguía conectándose desde su casa a los servidores de Geursa tras jubilarse.

Por eso, en el recurso de reforma planteado, que es el resuelto por el propio Juzgado de Instrucción, el magistrado rechaza los calificativos de investigación "prospectiva" y "generalizada", saltando ahora la cuestión a la Audiencia de Las Palmas, que deberá pronunciarse en apelación sobre la nulidad de las actuaciones.

Implicados

En la causa, además de Setién, Mas y Cabrera, están investigados el jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez, el empresario Felipe Guerra, que ejecutó varias permutas de terrenos en Tamaraceite con Geursa, y Miguel Ángel Padrón, antes al frente de Parques y Jardines y ahora en Sector Primario, que compartía una empresa con Guerra especializada en jardines.

Los delitos perseguidos son prevaricación urbanística y administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.