El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto una fianza de 12.000 euros a la Asociación Rehoyas Avanza para personarse en el caso Valka con la finalidad de ejercer la acusación contra la Sociedad de Promoción Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa).

Se trata de una fianza bastante elevada para una asociación vecinal sin ánimo de lucro, que carece de recursos para cubrir ese tipo de gastos, lo cual limita el derecho del colectivo a promover la acusación en defensa del interés general.

Rehoyas Avanza, además, fue el denunciante original del caso en Fiscalía.

Los convenios urbanísticos investigados, sin embargo, no afectan al barrio de Las Rehoyas, sino a Tamaraceite, por lo que no se considera al colectivo perjudicado directo. Esto último si le daría derecho a personarse en el procedimiento como acusador particular, sin tener que entregar fianza para cubrir los gastos o responsabilidades derivadas del pleito.

Sin motivación

El magistrado instructor no motiva la razón por la que fija una garantía tan elevada, cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo para este tipo de casos está sobre los 3.000 euros.

Es revelador, al menos en ese aspecto, que el juez impusiera la misma cantidad al PP, un partido político con estructura nacional y recursos para afrontar esas situaciones.

Los populares, sin embargo, tampoco han depositado los 12.000 euros al considerar esa cantidad demasiado elevada.

Matices

La Fiscalía se ha mostrado partidaria de establecer fianzas en los dos casos, pero con matices en el supuesto de Rehoyas Avanza, pues carece de recursos y, además, es el denunciante original del caso. Por esas razones se debería acordar a la baja la garantía económica exigida, en la línea de lo establecido por el Supremo.

Sí coinciden el misterio público y el juez en permitir personarse como perjudicado a José López Santana, un empresario que perdió su negocio por las expropiaciones ejecutadas en Tamaraceite para hacer viviendas de protección oficial.

Convenios

Los convenios y las permutas promovidos por Geursa para primar el desarrollo comercial del barrio, en detrimento de los planes o proyectos tramitados para hacer casas constituye la línea principal de investigación, con siete imputados, entre ellos la propia entidad y cuatro dirigentes o ex altos cargos de Geursa.

El catalogo de delitos investigados va desde la prevaricación administrativa o urbanística hasta la revelación de secretos o la malversación de caudales públicos.