La Audiencia de Las Palmas inicia este martes el juicio contra tres exempleados de Boluda que están acusados de quedarse con casi un millón de euros ente los años 2011 a 2019.
Uno de los investigados era la responsable de tesorería de Boluda Lines SA, y los otros dos trabajaban para Miller y Cía, empresa que hace labores de consignación de buques en Canarias para el grupo valenciano. Se trata de una oficial y del director general de la consignataria en Las Palmas.
La caja del capitán
La Fiscalía de Las Palmas les acusa de actuar de manera concertada para sustraer dinero de la "caja del capitán", un fondo que los armadores adelantan a las consignatarias para ponerlo a disposición de los capitanes de sus buques, con la finalidad de que se abonen los gastos previamente autorizados.
El ministerio público les acusa de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro delito de apropiación indebida. Reclama, en concepto de coautores, ocho años de prisión, una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y la devolución de 996.778 euros, cantidad que supuestamente se corresponde con el dinero hurtado a la empresa.
Despedidos
El juicio se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas de martes a miércoles, día en el que previsiblemente quedará visto para sentencia tras los informes finales de los abogados y del fiscal.
Los tres investigados fueron despedidos en 2019, tras descubrirse el supuesto fraude e iniciarse el proceso penal.
Otro caso
Además de esta vista oral, el grupo Boluda tiene pendiente otra causa en la que se investiga a su fundador, Vicente Boluda, por una denuncia falsa presentada contra Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La Audiencia de Las Palmas ha rechazado recientemente el recurso del empresario contra la decisión adoptada por el juzgado de cerrar la investigación, lo que deja al naviero a un paso de sentarse en el banquillo, según ha adelantado la Agencia Efe.
El fondo del asunto se remonta a 2020, cuando Boluda se querelló contra el presidente de Puertos del Estado entre 2012 y 2018, José Llorca, y altos cargos y funcionarios de la entidad pública por el permiso que se concedió para operar en los puertos de Las Palmas a Odiel Towage, una empresa de remolcadores competidora de la suya.
Perjuicio
El empresario valenciano acusaba a Llorca y al resto de querellados de delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y malversación porque entendía que habían cometido una serie de irregularidades que perjudicaban a su compañía y ponían en riesgo la seguridad marítima, pero su querella fue archivada.
Entre los señalados por esa acusación fallida figura José Antonio Morillo, un abogado del Estado que en aquel momento trabajaba como jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, que se sintió perjudicado profesionalmente por las imputaciones de Boluda. Morillo se ha querellado ahora a título particular contra el naviero valenciano, explica Efe.