El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido al nombramiento de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local, dando cumplimiento a la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ordenaba su reincorporación al puesto que ocupó hasta 2019.
La decisión pone fin, al menos de forma provisional, a uno de los conflictos judiciales más relevantes relacionados con la cúpula policial de la capital grancanaria. Saavedra fue cesado hace siete años por el gobierno municipal de entonces, una decisión que posteriormente fue anulada por los tribunales al considerar que carecía de motivación suficiente.
Siete años de litigio
El nombramiento llega después de que la Justicia acordara la ejecución provisional de las sentencias favorables al exjefe policial. Los tribunales habían concluido que el cese acordado en 2019 no estaba debidamente justificado, una tesis que fue respaldada en distintas resoluciones judiciales.
La situación cambió definitivamente tras la renuncia de quien ocupaba la jefatura desde aquel año, Carmen Delia Martín. Esa circunstancia llevó al juzgado a considerar que ya no existían obstáculos para restituir a Saavedra en el cargo mientras continúa la tramitación judicial del procedimiento.
Resolución de urgencia
En su auto, el magistrado calificó la situación de especial urgencia por afectar a la dirección de un servicio esencial para la ciudadanía. Además, reprochó al Ayuntamiento la demora en formalizar administrativamente la dimisión de la anterior responsable del cuerpo.
La resolución concedía al Consistorio un plazo de cinco días para ejecutar el nombramiento y resolver la situación de la jefatura policial, una orden que finalmente ha sido cumplida este viernes.
Con esta decisión, Carlos Saavedra recupera el máximo puesto de responsabilidad dentro de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, un cuerpo integrado por cientos de agentes y con competencias en seguridad ciudadana, tráfico, convivencia y apoyo a emergencias.
El Ayuntamiento ha señalado que el nombramiento responde exclusivamente al cumplimiento de la resolución judicial dictada por los órganos competentes dentro del procedimiento iniciado tras el cese de 2019.
