El desahucio de las ocho familias del número 8 de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria, ha quedado paralizado este miércoles después de varias horas de incertidumbre y de la concentración convocada por Derecho al Techo a las puertas del edificio.
Tras conocerse la paralización, la portavoz de Derecho al Techo, Sofía Olivares, se dirigió a los asistentes y cargó contra la Sareb, a la que acusó de haber estado "retrasando la negociación todo lo posible para quedarse con las casas solo para especular con ellas". Afirmó que "somos más fuertes que nunca" y que quieren "los fondos buitre fuera de nuestros barrios".
La paralización llega después de que la propia Sareb solicitara al juzgado frenar los desalojos para abrir una negociación con Derecho al Techo como mediadora y estudiar la situación de las familias. Hasta primera hora de este miércoles, sin embargo, esa petición todavía no se había traducido en una suspensión judicial y el lanzamiento seguía previsto para las 10:00 horas.
El juzgados accedió a la petición
Isabel Saavedra, abogada y portavoz de Derecho al Techo, explicó a los medios de comunicación que el desahucio previsto para este martes ha quedado suspendido después de que Sareb solicitara paralizarlo y el juzgado accediera a la petición.
Según señaló, la entidad ha trasladado ahora su intención de negociar contratos de alquiler social para las familias vulnerables, una posibilidad que el colectivo "ya planteó hace un año" cuando entregó los informes de vulnerabilidad elaborados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. "Lo importante es que estas familias duermen hoy en sus casas", destacó Saavedra, quien recordó que entre las personas afectadas "hay menores, mayores y personas enfermas en situación de extrema vulnerabilidad y sin alternativa habitacional".
Tercera vez
Es la tercera vez que se suspende el desahucio tras dos años de movilizaciones. La portavoz explicó además que las familias residían en estas viviendas pagando un alquiler a una empresa que posteriormente quebró y cuyos inmuebles acabaron en manos de Sareb tras su ejecución y embargo.
Según Saavedra, los residentes siempre han mostrado su disposición a seguir pagando, pero hasta ahora Sareb no les había ofrecido esa posibilidad. "Espero que esto cambie y podamos llegar a un acuerdo", concluyó.
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