El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vive una etapa tensa: caso Valka, contratos de limpieza caducados, macroproyectos bajo la lupa de la Fiscalía, una plantilla municipal al límite y un debate creciente sobre vivienda, seguridad ciudadana e inmigración. En este contexto, Mar Domínguez, portavoz de Drago Canarias en la capital grancanaria, analiza la situación del gobierno municipal de Carolina Darias, acusa a PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Primero Canarias de haber “abandonado” la ciudad y defiende el municipalismo como “política de kilómetro cero” frente al auge de la extrema derecha en todo el país.
[Pregunta] En primer lugar, ¿cómo interpreta Drago Canarias el caso Valka y la situación judicial que atraviesa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
[Respuesta] Lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el reflejo de una parte de la historia reciente de Canarias: una relación entre políticos y empresarios, algunos presuntamente corruptos y otros ya condenados, que se han dedicado a desviar dinero público para lucrarse. En el caso Valka, ese dinero presuntamente desviado acaba en vivienda turística en La Palma, mientras hoy hay cientos de personas en la isla sin alternativa habitacional, muchas afectadas por el volcán. Nos preocupa que este tripartito —ahora cuatripartito si sumamos a Primero Canarias— siga una línea continuista de doce años de gobierno PSOE–Nueva Canarias–Podemos que no ha revertido en una mejora real para la ciudadanía: corrupción, suciedad y barrios abandonados.
Uno de los diagnósticos más repetidos es que el Ayuntamiento no tiene “músculo administrativo” para gestionar. ¿Comparte ese análisis y qué propone Drago para cambiarlo?
Sí, compartimos que hay un grave problema de músculo administrativo, pero eso no es algo que aparezca de repente: se podía haber planificado en estos diez años de gobierno. Si falta personal administrativo, hay que sacar oposiciones de forma regular y no a destiempo, con unas pocas plazas y justo antes de las elecciones. El propio consistorio reconoce que hay un cuello de botella administrativo que da igual qué partido gobierne. Pero además de ese déficit estructural, hay una evidente dejación de funciones: no se ha hecho una planificación seria de recursos humanos ni de procesos para que limpieza, servicios públicos o los expedientes de grandes proyectos funcionen con normalidad.
¿Cree que el Ayuntamiento está empezando la casa por el tejado con grandes proyectos como la MetroGuagua o el Guiniguada mientras no resuelve la gestión básica del día a día?
Totalmente. Vemos un Ayuntamiento que no es capaz de sacar adelante expedientes básicos, de contratar personal imprescindible para limpieza, policía local o bomberos, y al mismo tiempo se embarca en macroproyectos como determinados tramos de la MetroGuagua o el proyecto del Guiniguada, con problemas de ejecución y hasta diligencias abiertas en Fiscalía. Lo que ejecutan, muchas veces, lo ejecutan mal: ahí está el ejemplo del Barranquillo de Don Zoilo, donde el paso se ha convertido en un problema de seguridad para los vecinos. La sensación es que el gobierno municipal se preocupa más por proyectar una imagen hacia fuera —como la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura— que por atender las necesidades reales de la ciudadanía palmense.
Menciona la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura. ¿Ve coherente esa aspiración con la realidad actual de la ciudad?
Sinceramente, parece un chiste de mal gusto. Hablamos de una ciudad que acumula problemas de suciedad, ratas, cucarachas, barrios degradados, proyectos culturales que se caen, como el Womad o la Feria del Libro, y una ciudadanía que no ve mejoras en su día a día. Que en ese contexto la alcaldesa priorice atraer más turistas, mientras no es capaz de atender las necesidades básicas de los vecinos, es una vergüenza. Hay potencial enorme en Las Palmas de Gran Canaria, pero no se está gestionando bien: el gobierno está más pendiente de hacerse fotos y de colocarse medallas internas en sus partidos que de gobernar para la gente.
Pasemos a la vivienda. ¿Qué diagnóstico hace Drago de la crisis habitacional en Las Palmas de Gran Canaria y del papel del Ayuntamiento?
La vivienda es el gran problema de fondo. En Las Palmas de Gran Canaria hay una enorme cantidad de vivienda vacía y no entendemos que no exista una oficina municipal de mediación que identifique esos inmuebles, contacte con sus propietarios y trate de incorporarlos al parque disponible. No se trata solo de construir más, sino de gestionar mejor lo que ya existe. Además, hay fondos de inversión comprando viviendas y suelo para especular, mientras la vivienda vacacional expulsa a los vecinos del centro y de barrios con identidad propia hacia la zona alta. El tripartito se ha limitado a pedir la declaración de zona tensionada, pero no ha puesto sobre la mesa medidas efectivas desde el ámbito municipal.
¿Y cómo ve Drago Canarias la nueva regulación de la vivienda vacacional y el papel de los grandes tenedores?
Defendemos que se grave fiscalmente a los grandes tenedores que especulan con la vivienda, pero hay que diferenciar a esas figuras de la familia que tiene una vivienda heredada y la alquila como vacacional para complementar ingresos, por ejemplo para que un hijo pueda estudiar fuera. La nueva normativa traslada mucha responsabilidad a los ayuntamientos y puede generar desigualdades entre municipios o incluso entre calles. Lo que exigimos es planificación, innovación desde Canarias y una apuesta real por la vivienda pública. No hay una varita mágica, pero el Ayuntamiento sí tiene competencias, por ejemplo en vivienda vacía, que no está utilizando. Y el modelo de ciudad que impulsa el tripartito va claramente hacia un centro para turistas y vivienda vacacional y una Ciudad Alta para recolocar a los vecinos.
La concejala de Podemos, Gemma Martínez, habló recientemente de que se había alcanzado un “límite moral” tras la imputación de Inmaculada Medina, su compañera en el gobierno municipal, y exigió un plan de vivienda dentro del Consistorio. ¿Cómo analizan desde Drago esa posición?
Creemos que esas tensiones llegan tarde. Con todo el respeto, la lectura que hacemos es que Nueva Canarias, Podemos y ahora Primero Canarias han actuado como una muleta del PSOE. Si de verdad existía ese “límite moral” y está preocupada por los problemas en vivienda, debería haberse plantado mucho antes. Además, no conocemos en detalle cuáles son las políticas de vivienda que quiere impulsar Podemos en el Ayuntamiento porque no se han hecho públicas con claridad. Sin propuestas concretas, es difícil valorar hasta dónde llega esa presión interna. Lo cierto es que el caso Valka no puede ser el detonante único para hablar de vivienda: el problema viene de años de mala planificación y de disputas de sillones más que de proyectos para mejorar la ciudad.
Ha sido muy crítica con la gestión de Bomberos y Socorristas. ¿Qué está pasando con estos servicios esenciales según Drago Canarias?
Nos hemos reunido con bomberos y socorristas desde 2023 y lo que trasladan es una mala gestión continuada. En Bomberos, que es un servicio municipal, nos hablan de material inadecuado —trajes de cinco capas inoperativos, equipos no homologados con los camiones— y de decisiones técnicas tomadas por personas que no conocen la materia. En Socorrismo, con un servicio externalizado, las condiciones laborales son muy precarias: falta de medios para protegerse del sol, plantillas insuficientes y recortes en temporada que no se ajustan a la realidad canaria. El cierre del parque de Vegueta o casos como el joven fallecido en La Laja muestran hasta qué punto se está poniendo en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la vida de los propios profesionales.
Otro de los grandes focos de tensión es la limpieza. ¿Cómo valora Drago el contrato de emergencia con FCC y la situación actual de la ciudad?
La situación de la limpieza es una auténtica aberración. Venimos de años con macrocontratos caducados, camiones municipales con la ITV caducada y barrios que han llegado a estar hasta seis días sin recogida de basura. Ahora se ha recurrido a un contrato de emergencia de unos dos millones de euros mensuales adjudicado a dedo a FCC, justificándolo por motivos de salud pública, pero eso no ataca la raíz del problema. Se está troceando y precarizando el servicio, las condiciones laborales en la parte privatizada son duras, la plantilla está envejecida y no hay un plan claro de renovación de personal, compra de camiones y herramientas ni de limpieza profunda de barrios y barrancos. Desde Drago defendemos la municipalización integral del servicio, porque si se hiciera bien sería más rentable y ofrecería más calidad para toda la ciudad, y no solo para las zonas turísticas.
En los últimos años se ha extendido la idea de que en los ayuntamientos “no hay ideología, solo gestión”. ¿Comparte esa visión?
No, en absoluto. En los ayuntamientos también hay ideología, porque cada gobierno llega con prioridades y formas distintas de gestionar. La pregunta es en qué se diferencia este tripartito de un gobierno de derechas cuando miramos su política de vivienda, de limpieza o de grandes proyectos. Si para Drago la vivienda y la limpieza son prioridades, eso implica organizar concejalías, recursos y calendarios de trabajo alrededor de esos objetivos, con propuestas concretas y medibles. La ideología se ve en si se apuesta por servicios públicos fuertes, por participación vecinal, por transparencia y por municipalismo real, o si se utiliza el Ayuntamiento como trampolín político o lugar de jubilación de cuadros de partido.
¿Cómo valora la relación del gobierno municipal con el Gobierno de Canarias y con la Autoridad Portuaria, que Coalición Canaria acusa a la alcaldesa de usar como “enemigos políticos”?
Nuestra impresión es que el equipo de gobierno está preocupado por todo menos por gobernar la ciudad. Da la sensación de que se dedica más a hacer oposición al Gobierno de Canarias o a la Autoridad Portuaria, o a proyectarse hacia fuera, que a resolver los problemas internos del municipio. Volvemos al ejemplo de la Ciudad Europea de la Cultura, o de proyectos que se caen mientras la ciudad pierde la Feria del Libro y otras citas importantes. Si de verdad estuvieran centrados en Las Palmas de Gran Canaria, habrían abordado hace años el bloqueo administrativo que ahora utilizan como excusa. El problema no es solo la confrontación política con otras instituciones, sino la falta de un proyecto sólido para la ciudad.
Ha insistido mucho en el municipalismo. ¿Cree que los grandes partidos se toman en serio el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Creemos que no. Si en 2027 se cumplen doce años de gobiernos consecutivos del mismo espacio político y seguimos con los mismos problemas estructurales, es evidente que el municipalismo no se ha tomado en serio. Vemos el Ayuntamiento más como un espacio para jubilarse o promocionarse dentro del partido que como la institución clave que es en una ciudad de casi 400.000 habitantes, con zona baja, zona alta y una amplia zona rural olvidada. Ahí están ejemplos como el mercado de San Lorenzo o las carencias en transporte público en barrios populares. Falta voluntad política para diversificar económicamente, fortalecer el comercio local y escuchar de verdad a los vecinos. Desde Drago defendemos el municipalismo como política de kilómetro cero y creemos que el Ayuntamiento debe ser un gobierno fuerte y cercano, no una sucursal de otros intereses.
Los sondeos apuntan a un crecimiento de la extrema derecha. ¿Cómo afronta Drago Canarias ese escenario en Las Palmas de Gran Canaria?
El auge de la extrema derecha es un drama, pero no aparece de la nada. Crece cuando los servicios públicos se abandonan, cuando la ciudad está sucia, cuando acceder a una vivienda es casi imposible, cuando la cesta de la compra es de las más altas del Estado y los salarios son precarios. Ese contexto genera frustración y desafección. La extrema derecha ofrece un discurso fácil y falaz que canaliza ese cabreo. Nosotras creemos que Drago Canarias puede ser el antídoto: si la ciudadanía no tiene una opción progresista y honesta que le ofrezca una salida, se quedará en casa o mirará hacia posiciones reaccionarias. Nuestro trabajo es estar al lado de los barrios, escuchar a gente muy diversa ideológicamente, hacer propuestas rigurosas y demostrar que hay alternativa. Estamos convencidas de que en 2027 entraremos en el Ayuntamiento y trabajamos para eso.
En ese contexto, seguridad ciudadana e inmigración se han entrelazado en el debate público. ¿Cómo aborda Drago Canarias esta cuestión en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria?
La extrema derecha intenta reducir el debate de seguridad ciudadana a la inmigración, pero eso es una trampa. Claro que hay preocupación por la seguridad en muchos barrios, pero tiene que ver con las condiciones materiales de vida: barrios sin servicios, centros de salud cerrados, transporte deficiente, ausencia de espacios comunitarios, pobreza y falta de expectativas. Cuando un barrio como El Lasso ve cómo se cierran urgencias, se convierte un colegio en centro de menores y apenas hay equipamientos públicos, el mensaje que recibe la gente es que molestan. En ese contexto, es fácil que cale el discurso de “el que viene en patera te quita el trabajo”. Nosotras no queremos infantilizar a la ciudadanía: hay que hablar de seguridad sin estigmatizar a las personas migrantes y señalando a los verdaderos responsables, que son las instituciones que han permitido que tanta gente viva sin dignidad, tanto nacidos aquí como quienes han llegado de fuera.
Con todo este cuadro, ¿diría que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura para vivir?
Lo que sí podemos afirmar es que muchas personas no se sienten seguras ni protegidas. Vivimos en una ciudad con la cesta de la compra disparada, una enorme dificultad para acceder a la vivienda, paro y salarios bajos. Eso empuja a situaciones límite a vecinos que seguramente no querrían verse en ellas. Si a eso sumamos el deterioro de servicios como bomberos, socorrismo, limpieza o vivienda, el resultado es un clima de inseguridad que la gente percibe cada día. Cuando muere una familia en un incendio en un edificio cercano o cuando ves a más personas sin hogar en la calle, la sensación de inseguridad es real, aunque las estadísticas digan otra cosa. Ese sentimiento hay que tomarlo en serio y abordarlo con políticas públicas valientes, no con discursos de odio. Desde Drago Canarias tenemos claro que la seguridad ciudadana pasa por vidas dignas, barrios cuidados y servicios públicos fuertes.