Los abogados y procuradores de Gran Canaria han decidido llevar hasta la playa de Las Canteras su lucha por una jubilación justa. "Queremos que se nos escuche, hay compañeros y compañeras que no se pueden dejar de trabajar porque se les queda una pensión de 300 o 400 euros", explica Ángela Rivas, una de las portavoces de la protesta.
La cita es el próximo 7 de marzo a las 12:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus. Desde ahí se iniciará una marcha que recorrerá el paseo de Las Canteras hasta la zona de La Puntilla.
En la cabecera de la movilización estarán Ángela Rivas, en representación de los procuradores, y Jorge Pasos, por parte de los abogados. Ambos lideran la visibilización de un colectivo que carga contra el sistema privado de pensiones a través de las mutuas, porque "no funciona" y está vulnerando el derecho a un jubilación digna, explica Rivas.
Y no sólo con la pensión tras toda una vida de ejercicio profesional, sino también con la gestión de las incapacidades temporales. "Hay compañeras que están teniendo problemas con las bajas laborales y los tratamientos de cáncer de mama", añade la portavoz.
¿Qué exigen los mutualistas?
El problema no es local. La crisis que afecta a más de 100.000 profesionales en toda España. Históricamente, abogados y procuradores estaban obligados a cotizar en mutualidades privadas (como la Mutualidad de la Abogacía o Altermutua) en lugar de en el sistema público de la Seguridad Social, pero exigen al Estado que acabe con esa situación.
El conflicto ha estallado al comprobar que, tras 30 o 40 años de ejercicio y aportaciones constantes, las pensiones resultantes son, en muchos casos, inferiores a los 500 mensuales, cifras que se sitúan por debajo de las pensiones no contributivas del Estado.
Entre las reivindicaciones principales destaca la pasarela al RETA, esto es, exigir una reforma legal que permita trasladar las cantidades aportadas a las mutualidades privadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), convirtiendo esos años en periodos cotizados en la Seguridad Social.
También denuncian que el sistema de "capitalización individual" de las mutuas ha fallado, dejando a profesionales de avanzada edad en una situación de vulnerabilidad extrema. Por eso reclaman pensiones dignas y que se reconozcan derechos básicos de los que han carecido, como la protección real por incapacidad o el descanso por maternidad/paternidad en condiciones de igualdad con el resto de trabajadores.
Movimiento nacional
Lo que comenzó como el Movimiento #J2 (en referencia a la jornada del 3 de febrero donde se inició la chispa), se ha convertido en una lucha unitaria. La marcha de Las Palmas se suma a las concentraciones que se están repitiendo en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, presionando al Gobierno central para que legisle una solución que evite que miles de juristas caigan en la exclusión social al retirarse.
En estos momentos existe un primer borrador de reforma que abogados y procuradores consideran insuficiente. De ahí las nuevas concentraciones que se están empezando a convocar.
La cita en el Auditorio el 7 de marzo pretende ser una demostración de fuerza y unidad, recordando a la sociedad y a las instituciones que quienes defienden los derechos de los ciudadanos no pueden quedarse sin derechos propios.