La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, está entre las 123 magistradas y magistrados que avisan del colapso de sus juzgados.

Desde este viernes, además de los delitos machistas, estos juzgados especializados asumirán las agresiones sexuales fuera del ámbito de las parejas y exparejas, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.

Colapso 

Los jueces y juezas están preocupados por el colapso de los juzgados, pues la asunción de esas nuevas competencias no ha venido acompañada de los recursos necesarios, especialmente en lo que respecta al personal.

Díaz, una de las magistradas veteranas en la capital grancanaria, aclara que está "totalmente de acuerdo con las nuevas competencias", una medida que considera un "acierto" y que emana del Convenio de Estambul, pero esa decisión "tiene que venir acompañada de medios, cosa que no ocurre", asegura.

Falta de formación específica

​A esa escasez de recursos para afrontar el aumento de pleitos en los juzgados se le suma la falta de formación especializada en violencia de género y derecho penal, una anomalía contra la que la magistrada lleva batallando desde hace años.

La jueza reitera la "necesidad de que todos los miembros que integran lo que es el órgano judicial" tengan una "formación en violencia de género".

Sobrecarga de trabajo

En su propio juzgado, Díaz ha experimentado que el personal de la lista de interinos que le han asignado carece del "más mínimo conocimiento, no ya en violencia de género, sino en tramitación penal", denuncia.

Esto se debe a que se le asignan trabajadores con experiencia en el ámbito civil, pero no en materia penal, incluso sin ninguna experiencia previa, lo que genera una "sobrecarga" de trabajo en los funcionarios especializados, añade.

Consecuencias

​Esta falta de personal cualificado provoca que los funcionarios existentes "se quemen literalmente" y que la sobrecarga influya negativamente en la "resolución de los asuntos", porque no solo deben atender sus propias tareas, sino también estar pendientes de la carga del personal no formado.

La magistrada, igual que el resto de compañeros, reclama más personal en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con el añadido de que las nuevas incorporaciones tengan una "formación mínima en derecho penal para poder tramitar correctamente los asuntos".

También apoya la creación de más órganos judiciales, pero insiste en que estos deben completarse con la contratación de más funcionarios, pues con "los mismos poco vamos a hacer", concluye.