Mariano López Molina es natural de Albacete y ejerce como magistrado en Canarias desde el año 2009. A lo largo de su carrera en las islas, ha servido en Arucas, que fue su primer destino, San Bartolomé de Tirajana, donde estuvo cuatro años, y Telde, otros cuatro años. Luego se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria y ejerció en la jurisdicción civil hasta 2023, que se pasó al ámbito penal.
Con experiencia previa en Luxemburgo y miembro de la red de cooperación internacional, López Molina acaba de asumir la presidencia del Tribunal de Instancia de Las Palmas. En esta entrevista aborda los retos que supone la implantación de la nueva estructura judicial, que sustituye al antiguo decanato y cambia los juzgados tradicionales por los tribunales de instancia, así como la necesidad de dotar de medios y personal a las nuevas plazas aprobadas para evitar cuellos de botella.
Asimismo comparte su visión sobre el papel de las redes sociales en la política, la independencia judicial y un episodio personal de amenazas que marcó su visión sobre el respeto a la autoridad, entre otras cuestiones.
[Pregunta] ¿Quién es Mariano López Molina?
[Respuesta] Soy magistrado aquí en Canarias desde 2009. Soy de Albacete, pero ya me considero mitad canario, mitad manchego. Ahora soy el presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas.
¿Está siguiendo la campaña electoral?
Sí, estoy siguiéndola, aunque no mucho porque me ha coincidido con estos primeros días como presidente del Tribunal de Instancia y me está exigiendo bastante. Estoy aterrizando ahora y no la sigo tanto como me gustaría.
¿Y qué le parece?
Me parece muy bueno que la mayoría de los candidatos hayan ido a canales de youtubers y formatos similares. Me gusta porque es un formato más ágil que llega a los jóvenes y permite que un periodista freelance o con formación pueda tener éxito y reproducir ese modelo a nivel municipal o autonómico.
¿Los periodistas estamos haciendo algo mal para que ocurra ese cambio de hábito?
No, creo que el periodismo tradicional es supernecesario, pero este nuevo formato está ahí para quedarse y es complementario. Está bien que los políticos vayan, respondan a otro tipo de preguntas y los vea otro público.
¿No le parece descorazonador que los políticos recurran con tanta frecuencia al insulto y la descalificación?
Sí, se está hablando mucho buscando el efecto a muy corto plazo del insulto, a ver quién dice algo más efectista que el otro. Eso empobrece y desanima mucho a los votantes. Hacen falta argumentos bien construidos y capacidad de escucha para que los ciudadanos sintamos que hay algo de fondo, no solo la ocurrencia más graciosa.
¿Cree que ese tipo de discursos llegará a los juzgados en forma de delitos de odio?
No lo creo. El discurso populista, demagógico o de mal gusto se tiene que admitir porque está amparado por la libertad de expresión. Otra cosa distinta es cuando existe una incitación al odio, al desprecio o a la violencia. El mal gusto dice más de quien lo pronuncia que de quien lo recibe, pero no es un delito de odio.
¿Secundó la reciente huelga general?
No, no la secundé. Dudé, pero tenía juicios señalados que llevaban mucho tiempo pendientes y que ya se habían suspendido varias veces, así que privilegié venir a trabajar. Además, siempre he tenido dudas sobre si los jueces tenemos derecho a la huelga, independientemente de que luego uno pueda participar en manifestaciones por la tarde.
¿Los cambios sociales y el capitalismo tecnológico están socavando el principio de autoridad?
Más que socavándolo, diría que lo están haciendo más horizontal. Hoy en día cualquier persona tiene herramientas para acceder a buena información; incluso puede consultar un caso en una inteligencia artificial y obtener directrices acertadas. Para ejercer la autoridad ya no basta con el cargo: como decía Don Quijote a Sancho, "no es más el que más es, sino el que más hace". Hay que hacerse respetar con coherencia y argumentos. Donde sí veo un peligro es a nivel político por culpa de los algoritmos de las grandes compañías tecnológicas, que priorizan mensajes que incitan al odio o a la xenofobia porque generan más enganche y más dinero.
Usted sufrió un incidente grave relacionado con su cargo antes de que todo esto se pusiera de moda.
Sí, me rompieron el coche y me amenazaron de muerte a mí y a mi familia. Fue alguien a quien yo había absuelto en un juicio de faltas, pero que quería entrar en prisión y no vio otra salida. Fue impactante y te hace ver la vulnerabilidad que tenemos, aunque al final esa persona fue castigada con pena de prisión. El principio de autoridad nos exige estar más formados, pero también requiere respeto. Se puede cuestionar cualquier autoridad desde el respeto y con argumentos, pero es peligroso hacerlo con demagogia o simplemente porque no gusta una decisión, como ocurre con algunos discursos actuales.
Casos como el de Alba, Rosell y Ramírez evidencian que sí se viene al juzgado a preguntar "qué hay de lo mío". ¿Cuál es su postura frente al tópico de "la justicia es igual para todos"?
En aquel caso se actuó y creo que es un tema superado. La justicia tiene que ser igual para todos. Es cierto que en la abogacía, como profesionales autónomos, hay unos mejores que otros y los mejores siempre cobran más, pero en lo judicial la igualdad existe. Si preguntar "qué hay de lo mío" significa pedir información sobre un procedimiento, por supuesto que estamos para informar; si significa influir en un proceso, en España es algo prácticamente residual que yo nunca he conocido.
¿Cómo será su relación con la ciudadanía y los compañeros al frente del nuevo Tribunal de Instancia?
Mi idea es que esta institución sea un espacio abierto, ni cerrado ni opaco. Trabajamos para la ciudadanía; cualquier persona que tenga una duda o una queja tiene que venir, preguntar y recibir una respuesta. Respecto a los compañeros que me han elegido, mi reto es escucharlos, formar equipo —porque el individualismo ya no sirve— y trasladar sus propuestas de forma educada, pero firme, a la Dirección General de Administración de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué problemas afrontan los jueces de Las Palmas con la implantación de este nuevo modelo?
El nuevo modelo de Tribunal de Instancia supone un cambio de mentalidad al que los jueces y juezas se están adaptando, pero conlleva disfunciones, como cambios en la oficina judicial de los que a veces no nos llega información. Reclamamos nuestro sitio, mayor visibilidad y que nuestra voz sea escuchada junto a la de otros operadores, como los letrados de la Administración de Justicia o la Dirección General. Tenemos que escucharnos mutuamente para que este cambio funcione.
¿Funciona mejor la justicia ahora con los Tribunales de Instancia o era preferible el sistema de juzgados tradicionales?
El juzgado tradicional era un modelo de hace cien años, como el de la película El crimen de Cuenca, y está desfasado en toda Europa. Al principio cuesta adaptar la estructura mental, pero estoy seguro de que, una vez se asiente el modelo y se escuche a quienes estamos a pie de juicio, la justicia va a funcionar mejor en todos los sentidos.
¿Es necesario crear otro juzgado especializado en protección a la infancia o darle la exclusividad?
Habría que estudiar cómo evoluciona, pero sería necesario que ese juzgado se dedicara única y exclusivamente a delitos contra la infancia. Es una materia muy sensible y emocionalmente compleja donde tomar declaración a un menor puede llevar toda la mañana. Los compañeros de instrucción no se oponen, pero ya llevan causas muy complejas y no quieren quedar desbordados. Es una cuestión de medios: si se crea una nueva plaza en la sección de instrucción, como está previsto, el problema se destraba.
Se han aprobado recientemente nuevas plazas judiciales tanto en la Audiencia como en Instancia. ¿Bastará con eso?
Aumentar plazas es una de las grandes ventajas de los Tribunales de Instancia porque no requiere montar toda la estructura de un juzgado independiente. Pero ese aumento tiene que ir acompañado de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. De nada sirve pasar de 10 a 40 jueces si no tienen soporte detrás, porque se formaría un cuello de botella.
En el ámbito más técnico, ¿qué asuntos le preocupan ahora mismo?
Estamos manteniendo reuniones sobre los criterios de reparto de asuntos y tratando de fomentar la unificación de criterios entre compañeros. Aunque la actividad jurisdiccional de cada juez es independiente, es importante que exista cierta previsibilidad para los profesionales y los ciudadanos.
Su antecesor dio el salto a otras responsabilidades, nada menos que presidente del TSJC. ¿Cuáles son sus ambiciones?
Mi ambición no es utilizar este cargo como trampolín. Siempre me ha gustado el ámbito internacional —estuve una etapa en Luxemburgo y pertenezco a la red de cooperación internacional—, pero mi única aspiración ahora mismo es que se guarde un buen recuerdo de mi etapa como presidente del Tribunal de Instancia y, cuando acabe, ir a la Audiencia y seguir trabajando.
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