Una mujer llegó a Las Palmas de Gran Canaria el pasado 28 de octubre. Venía de Madrid con dos niñas pequeñas, de cuatro y siete años. Había alquilado una vivienda vacacional en el centro de la capital para pasar unos días en la isla —o eso es lo que parecía—. Pero cuando llegó el 3 de noviembre, la fecha en la que terminaba su reserva, dijo que de allí no se iba.
Es lo que denuncia el matrimonio propietario del inmueble, ubicado en la calle León y Castillo. Raudel Martínez relata que la mujer, quien aún se resiste a abandonar la casa, le envió un mensaje a su esposa, Dialys Collazo —el piso está a su nombre y es ella quien lo gestiona— el 2 de noviembre. Le dijo que le gustaría quedarse allí de manera indefinida, pero que no tenía dinero para pagarlo de inmediato.
"Una situación peligrosa"
Martínez asegura también que le comentó que venía de Madrid por problemas personales y quería empezar su vida de cero en Canarias. Sobre sus escasos recursos económicos, le aseguró que conseguiría ingresos poco a poco e iría abonando la deuda. “Nos causó bastante impresión lo que planteó, sabíamos que podía ser una situación peligrosa”, afirma el hombre.
La respuesta fue tajante: “Es imposible, se trata de un piso vacacional y hay que respetar las reservas posteriores que ya estaban confirmadas”. Le pidieron, además, que abandonara la vivienda el día 3 de noviembre a las 11:00 horas, justo cuando terminaba la estancia que había pagado. Ahora bien, eso no ocurrió y permaneció dentro del inmueble.
Servicios sociales
“Llegó el día y nos dijo que no iba a salir porque estaba en situación de calle, que era una persona vulnerable y que la entendiéramos. Nos explicó que quería que los servicios sociales le buscaran una solución, pero que no podía abandonar la vivienda”, narra Martínez en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy. Desde entonces no saben qué acabará pasando.
El matrimonio asegura que entiende la situación y lamenta que la mujer esté pasando por una realidad así con dos niñas pequeñas, pero le comentaron que ellos no podían ayudarla y que deben ser atendidas por los servicios sociales. Para tratar de resolver el conflicto, llamaron a la Policía. El intento fue en vano porque les dijeron que primero tenían que denunciar.
"No nos deja vivir"
Presentaron una denuncia en comisaría, donde les explicaron que el procedimiento debía pasar a los juzgados y que sería el juez quien determine si procede el desahucio o no, así como la forma de actuar de los servicios sociales al haber dos menores de edad de por medio.
“A partir de ese momento, la angustia se apoderó de nosotros y prácticamente no nos deja vivir. Intentamos mantener la tranquilidad y hablamos con nuestro abogado. Nos dijo que podía ayudarnos, pero que era una situación bastante delicada y que había que ver cómo actuaban los servicios sociales”, pone sobre la mesa Martínez.
¿Cuánta gente vive allí?
Según cuenta Martínez, la mujer no solo llegó con sus hijas, sino que también se estaba alojando con un hombre. El mismo que se encontraba allí, dice, este jueves cuando volvieron a llamar a la policía y los agentes se personaron en el lugar. Ella, en cambio, asegura que solo había ido a ayudarla con las maletas.
Sin embargo, Martínez apunta que tienen pruebas suficientes para demostrar que el hombre, en realidad, está viviendo allí. “Cuando la mujer llegó, tuvimos que ir a la vivienda porque se había caído una cortina y el señor estaba ahí”. Lo mismo ocurrió, dice, otro día cuando surgió un problema con la vitrocerámica.
“Además, cuando la Policía tomó declaración a las personas que estaban en la vivienda, tanto ella como el señor y las dos niñas, él reconoció que era su pareja”, sentencia.
Presunta estafa
“La Policía intentó negociar con ellos, llamó a su jefe y nos comunicó que no podían desahuciarlos porque había menores. Nos dijeron que, desde el momento en que terminó la reserva, aquella vivienda era su morada y que nosotros no podíamos hacer nada”, asevera Martínez. “A estas alturas, estamos completamente desprotegidos”, apostilla.
La principal sospecha es que podría tratarse de una presunta estafa. De hecho, apunta, el funcionario que los atendió en comisaría les dijo que haría un atestado en esa línea porque consideraba que podría ser una situación premeditada. “La impresión que tenemos es que ella reunió el dinero necesario para hacer una reserva legal y después actuar de esta manera”, exclama.
Pérdidas económicas
Martínez asegura que su mujer está elaborando un informe con todas las reservas para este mes que tienen que cancelar después de poner el caso en conocimiento de Booking y de Airbnb. “Además de dejar de ingresar ese dinero, tenemos que seguir pagando la hipoteca y un préstamo personal que tenemos sobre esta vivienda”, sostiene.
“El protocolo de estos portales establece que, si nosotros cancelamos una reserva, tenemos que indemnizar a esos clientes. Por tanto, además de lo que dejamos de ingresar, también tenemos que asumir esas indemnizaciones. Mi esposa está calculando el coste total”, continúa.
¿Y si hay desperfectos?
Eso sí, indica que el coste final puede ser aún mayor. Explica que Booking y Airbnb les da un plazo de 15 días desde que finaliza la reserva para acogerse a un seguro si los clientes han dejado desperfectos, lo que pueden demostrar a través de documentación, fotografías y facturas de las reparaciones —en caso de que finalmente hubiera daños—.
¿El problema? Que si pasan esos 15 días y la mujer sigue allí, en caso de que existieran desperfectos, no tendrían derecho a reclamarlo. “Estamos calculando realmente cuánto nos supone todo esto”, subraya. Por ahora, tienen confirmado la pérdida de dos reservas que suman 502,40 euros.
"Estamos al día con todo"
Dialys Collazo cuenta con una pequeña inmobiliaria —en la que Martínez la ayuda, pero no trabaja en ella por razones de salud— donde administra varios pisos y no todos son suyos.
Uno de ellos, que sí es de su propiedad, es el que ahora no pueden ofrecer en las plataformas porque su última inquilina se niega a abandonarlo. “Con lo que nos genera esta vivienda pagamos parte de nuestro alquiler”, señala Martínez.
“Nosotros también tenemos una niña menor de edad, todo esto nos está generando muchísimos problemas”, sostiene. “Estamos al día con la Seguridad Social, la comunidad de propietarios y todos nuestros impuestos. Cumplimos con todos nuestros pagos y obligaciones, pero nos sentimos completamente desprotegidos”, agrega.
Problemas con los vecinos
Pero la cosa no queda ahí porque, apunta, los vecinos los han llamado en repetidas ocasiones para quejarse de los ruidos en el piso.
“Nos dicen que es imposible vivir con esa persona porque se pasa la mañana, la tarde y la noche gritando. La situación es muy desagradable y molesta. Además de quedarse en la vivienda, tampoco respeta las normas de la comunidad”, narra.
"El perjuicio total sería para nosotros"
El matrimonio teme que la situación les pueda perjudicar en la próxima reunión de la comunidad, donde los vecinos puedan llegar a negarse a que haya más viviendas vacacionales en el edificio. “Entonces, el perjuicio sería total para nosotros”, indica.
“No somos personas adineradas, tenemos estas pequeñas cosas para sobrevivir, criar a nuestra hija y poder educarla con los recursos que conseguimos, porque sabemos que todo cuesta dinero”, reflexiona Martínez.
La única salida: que decida el juez
El hombre concluye apuntando que la policía les comunicó que, al no poder desahuciar a la mujer del piso turístico, solo les queda elaborar el informe y trasladarlo al juzgado para que sea el juez quien tome la decisión final.
Mientras esperan una respuesta judicial, el matrimonio continúa sin poder disponer de su vivienda ni recuperar los ingresos que esta les proporcionaba.
La incertidumbre se suma al perjuicio económico y a la preocupación por las consecuencias que pueda tener el conflicto en la comunidad de vecinos. Martínez reclama también una mayor protección para los pequeños propietarios que, como ellos, dependen de estos alquileres para salir adelante.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.