Para que un amaño institucional funcione y supere los filtros burocráticos sin levantar sospechas, el papeleo debe aparentar una escrupulosa legalidad. Y esa, al menos, es la hipótesis que plantea la Fiscalía de Las Palmas en el caso de la red de adjudicaciones irregulares destapada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Los investigadores consideran que esa apariencia de legalidad se sostenía sobre la creación de una falsa competencia utilizando empresas de relleno.
El decreto de la Fiscalía Provincial, basado en la investigación de la UDEF, revela la mecánica con la que presuntamente se orquestaron los 33 contratos menores otorgados al empresario Luis Santiago Sánchez. La táctica pasaba por incluir en los expedientes municipales ofertas de otras empresas competidoras que resultaban ser "meramente aparentes", recoge la denuncia enviada al decanato de los juzgados.
La trampa de los 15.000 euros
La ley de contratos del sector público establece que el límite para un contrato menor de servicios es de 15.000 euros, una cifra a partir de la cual es obligatorio sacar el proyecto a concurso público. Según el atestado policial recogido por la Fiscalía, el modus operandi detectado en los distritos de la capital grancanaria consistía en aportar presupuestos de empresas competidoras que "superaban ab initio la cantidad máxima" permitida para esta figura legal.
Dicho de una forma más directa: se presentaban ofertas diseñadas matemáticamente para ser descartadas de manera automática por los técnicos municipales. Con la competencia eliminada de antemano por superar el límite legal, el camino quedaba libre para las empresas de Luis Santiago Sánchez, que resultaban adjudicatarias presentando un presupuesto "sin desglosar", del cual se desconoce el origen de la cantidad facturada posteriormente a las arcas públicas.
En uno de los contratos, además, el descaro administrativo fue aún mayor: la policía ha detectado al menos un expediente adjudicado a la empresa Exyum pro21 S.L. en el que ni siquiera se molestaron en presentar otros presupuestos ni el preceptivo informe que justificara la necesidad de la contratación.
No sabían que licitaban
El gran interrogante que se abre ahora en la fase de instrucción judicial es el papel que jugaron las mercantiles competidoras. ¿Prestaban sus nombres como un favor para rellenar los expedientes, sus identidades fueron usurpadas sin su conocimiento o participaron en esos procedimientos de forma real?
Para arrojar luz sobre esta cuestión, la Policía Nacional ya tomó declaración a los administradores de estas sociedades. El resultado de los interrogatorios apunta a la falsificación o manipulación de los procedimientos a espaldas de los afectados: la mayoría de los empresarios competidores "negaron haber sido avisados de manera personal" sobre estas licitaciones, y alguno de ellos "incluso tampoco lo recordaba".
Testigos
Para depurar responsabilidades y confirmar si sus presupuestos fueron falsificados, la fiscal Mercedes Gil ha solicitado al juzgado que cite a declarar en calidad de testigos a nueve empresarios locales.
Siguiendo el mandato de la Fiscalía, tras el reparto de la denuncia y su admisión a trámite, la autoridad judicial tendrá que interrogar a Germán G. R., Víctor Jerónimo V. R., Damián Jonathan A. H., Israel M. C., Argeo Tomás S. G., Jorge S. R., David Manuel Z. S., Juan Francisco G. V. y Alexander Alfonso S. A.
Los testimonios de los empresarios serán clave para desentrañar si se fabricaron desde dentro del Ayuntamiento los expedientes que daban cobertura legal al fraude en la organización de las fiestas y eventos en los distritos.
El Ministerio Público también considera necesario identificar a los funcionarios y altos cargos municipales que están detrás de las adjudicaciones por si han podido incurrir en prevaricación administrativa.
Concentración de adjudicaciones
La investigación detalla cómo el empresario Luis Santiago Sánchez Sánchez logró adjudicarse un total de 33 contratos menores a través de tres sociedades bajo su control. El inicio de esta actividad se canalizó a través de Exyum Pro21 SL., mercantil con la que acaparó 13 de estos acuerdos institucionales entre agosto de 2023 y julio de 2025.
La operativa de contratación se intensificó con dos firmas de reciente creación. Mediante Horus Pro24 SL, el investigado obtuvo el mayor volumen de adjudicaciones, sumando 14 contratos menores entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. La facturación hacia las arcas públicas se completó finalmente con Azur Pro24, sociedad con la que consiguió otros seis contratos concentrados en apenas unos meses, concretamente entre mayo y octubre de 2025.
En total, 33 adjudicaciones directas y 343.841,15 euros bajo sospecha.
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