Ocho familias del número 8 de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria, afrontan este miércoles un desahucio mientras Derecho al Techo negocia con la Sareb un posible aplazamiento. Según la plataforma, entre las personas afectadas hay menores, personas con discapacidad y dependientes, además de vecinos con enfermedades como EPOC o que necesitan diálisis.
Isabel Saavedra, abogada de las familias y de Derecho al Techo, explica que el desahucio todavía no está suspendido, aunque ayer por la tarde recibieron un escrito de la representación legal de la Sareb solicitando su paralización. Según señala, el documento aún no ha llegado al juzgado y no ha dado tiempo a que este se pronuncie. Por ello, esperarán a la comitiva judicial, prevista para las 10:00, para mostrarle la petición y defender la suspensión tanto por los derechos de las familias como porque la propia entidad la ha solicitado.
Según la información que maneja Saavedra, la Sareb quiere iniciar una negociación con Derecho al Techo como mediadora para que los residentes puedan acceder a contratos de alquiler social y pagar por sus viviendas, como llevan tiempo reclamando. La abogada asegura que hace un año remitió a la entidad los informes de vulnerabilidad elaborados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero que no recibió respuesta a la solicitud de contratos de alquiler. El colectivo está dispuesto a asumir esa mediación.
Ocho familias distintas de las afectadas en 2025
La portavoz de Derecho al Techo, Sofía Olivares, aclara que no son las mismas ocho familias que se vieron amenazadas por un desahucio en el edificio el año pasado. Explica que la plataforma había convocado una asesoría jurídica pensando inicialmente que eran aquellos vecinos, cuyo caso fue el primer desahucio en el que intervino el colectivo.
Al conocer la situación, sus integrantes acudieron al inmueble para avisar a los residentes. Según Olivares, la mayoría no había sido notificada correctamente del desalojo previsto: “Tuvimos que venir nosotros a tocar puerta por puerta”. La portavoz sostiene que todos los hogares afectados son vulnerables y acusa a la Sareb de haber ignorado esa condición al impulsar los lanzamientos.
Negociaciones y resistencia pacífica
Olivares sitúa el inicio de los contactos con la Sareb y la comitiva judicial entre ayer y anteayer. El también portavoz Jonathan Mesa señala que Isabel Saavedra negocia desde ayer con la entidad y que se plantea un posible aplazamiento. La plataforma mantiene expectativas favorables, aunque sigue pendiente de una confirmación que evite los desalojos.
Mientras se espera una respuesta, integrantes del colectivo y personas que han acudido a apoyar a los vecinos mantienen una resistencia pacífica en la entrada y las escaleras, según Mesa. El portavoz afirma que no todas las familias tienen una alternativa habitacional y que algunas ya han recogido sus pertenencias ante la posibilidad de perder sus viviendas.
Alquileres sociales pendientes
El edificio ya fue escenario de una movilización en marzo de 2025, cuando se paralizaron los desalojos de otras ocho familias. Atlántico Hoy informó entonces de un aplazamiento de un mes y de la disposición de la Sareb a estudiar los casos de vulnerabilidad para negociar alquileres sociales.
Mesa sostiene que la solución comprometida sigue sin llegar y afirma que la Sareb prometió alquileres sociales para las viviendas. Al explicar el origen del conflicto del año pasado, asegura que la empresa que gestionaba los pisos había quebrado y que una persona vinculada a ella continuó cobrando los alquileres a las familias. Según su relato, los vecinos siguieron pagando sin que se les informara de que las viviendas habían pasado a manos de la Sareb.
El decreto publicado este miércoles
Olivares señala que las negociaciones se desarrollan también con la expectativa generada por el nuevo decreto de vivienda, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. La plataforma espera conocer qué protección podría ofrecer a los hogares afectados.
El Real Decreto-ley 29/2026 establece su entrada en vigor para el jueves 8 de octubre. Su régimen contempla la aplicación de determinadas medidas a procedimientos en curso cuando todavía no se haya ejecutado el lanzamiento, aunque su encaje en el caso de estas familias debe concretarse jurídicamente. La publicación de la norma no equivale por sí sola a una orden de suspensión de los desalojos de esta mañana.
El miedo persiste aunque se aplace
Olivares describe a las familias en una situación de “mucho nerviosismo” e incertidumbre. Advierte de que, incluso si se consigue paralizar el desalojo, el temor a perder sus casas continuará mientras no exista una solución estable. A su juicio, la experiencia de afrontar un desahucio deja consecuencias que no desaparecen con un aplazamiento.
La portavoz expresa además su desconfianza hacia los compromisos de la Sareb y cita el caso de la comunidad de La Esperanza. Según denuncia, allí la entidad prometió un realojo y posteriormente volvió a intentar desalojar a los residentes, un antecedente que utiliza para reclamar garantías más allá de una suspensión temporal.
Más apoyo ciudadano ante los desalojos
Olivares relaciona la presencia de personas que han acudido a apoyar a las familias con la mayor visibilidad de Derecho al Techo y con los resultados de sus movilizaciones. Defiende que el colectivo ha conseguido avances tangibles mediante la organización y la lucha de ciudadanos con situaciones distintas. “Hay un consenso de que se ha llegado a una situación límite y que ya no se puede soportar”, afirma.
Mesa considera que la respuesta debe llegar antes desde las administraciones, para evitar que las familias alcancen este punto, pero defiende la necesidad de estar preparados para organizar piquetes y acompañar a quienes afrontan un desalojo. En ese sentido, anuncia apoyo a Natalia, otra vecina afectada que, según denuncia el portavoz, está siendo “asediada por Desokupa”.
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