El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el desalojo de la Asociación Oportunidades de Vida del antiguo colegio Camilo José Cela, unas instalaciones ubicadas en el barrio capitalino de El Fondillo.
La ONG tendrá que abandonar el edificio que ocupa desde el año 2018, como muy tarde, el próximo 19 de junio a las 10:00 horas. Así queda reflejado en un decreto —al que ha tenido acceso Atlántico Hoy— firmado por el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola.
La información, adelantada por Canarias7, supone un nuevo golpe para una entidad que ha sufrido pérdidas económicas, un despido colectivo y varias deudas acumuladas.
Reivindicaciones vecinales
La cara visible de la Asociación es Rafael Hernández, quien presidió la COAG —organismo que representa a los agricultores y ganaderos de las Islas— y que está inmerso en un proceso judicial por, presuntamente, explotar a menores migrantes en sus fincas privadas.
Ahora, tras varios años de reivindicaciones vecinales para recuperar el edificio, la ONG será desalojada. Oportunidades de Vida llegó allí en 2018, cuando Hernández pidió utilizar las instalaciones para impartir clases de apoyo al equipo de fútbol que tutelaba, así como con el objetivo de instalar un salón para obra social y dar dos clases de música al coro.
¿Cesión gratuita?
Las actividades se realizarían entre los días de 15 de abril al 20 de junio de 2018, en un horario que abarcaba las 16:00 y las 19:00 horas. El tiempo pasó y el 19 de enero de 2023 Hernández solicitó la cesión gratuita del antiguo colegio Camilo José Cela. Pero la petición fue desestimada dos meses después al tratarse de un bien de dominio público.
Merece la pena resaltar que dentro del edificio se llegaron a alojar menores migrantes porque Oportunidades de Vida mantuvo un acuerdo con el Gobierno de Canarias para ese fin. Ahora bien, a raíz del proceso judicial que afecta al representante de la ONG, los chicos fueron llevados a otras instalaciones por orden del magistrado.
Medida cautelar
Volviendo al desalojo, no es la primera vez que se pone sobre la mesa. En abril de 2024, el Ayuntamiento les reiteró que debían marcharse, algo que ya había pedido en marzo de 2023. La entidad presentó alegaciones, pero fueron rechazadas.
También pidió en los tribunales una medida cautelar —para paralizar el proceso—que la justicia acabó denegando.
Servicios municipales
El Consistorio, en el reciente decreto, comunicó a Oportunidades de Vida que de, no proceder al desalojo antes del 19 de junio, tendrá que correr con los gastos que se originen como consecuencia del desalojo.
La corporación municipal, de cara al lanzamiento, ha solicitado la colaboración de varios servicios municipales: la Policía Local, el de Bienestar Social, el de Salud Pública, el de Limpieza. También convoca a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.