Los sindicatos Co.Bas, CSIF, CCOO y UGT han denunciado el traslado “irregular” de trabajadores del Servicio Público de Limpieza fuera del municipio de Las Palmas de Gran Canaria tras la borrasca Therese.
Según las organizaciones sindicales, el desplazamiento se produjo días después de levantarse la alerta y sin aviso previo, sin procedimiento y sin respaldo legal, lo que, aseguran, vulnera los estatutos del propio servicio.
Los representantes de los trabajadores sostienen que el personal fue enviado a actuar en otro municipio sin que existiera un convenio o acuerdo administrativo que lo permitiera.
Fuera del ámbito legal
Los sindicatos recuerdan que el servicio de limpieza municipal debe prestarse exclusivamente dentro del término de Las Palmas de Gran Canaria, según la normativa vigente.
Cualquier actuación fuera de ese ámbito, subrayan, requiere acuerdos formales entre administraciones, algo que, según denuncian, no se produjo en este caso.
Por ello, consideran que la decisión podría implicar responsabilidades administrativas.
Sin emergencia activa
Uno de los puntos más criticados es que el traslado se realizó cuando la alerta por la borrasca ya estaba desactivada y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se había retirado.
Los sindicatos cuestionan que se movilizara a personal municipal para actuar en otro municipio en un contexto sin emergencia activa.
Además, aseguran que los trabajadores actuaron sin coordinación visible con el ayuntamiento del municipio afectado.
Críticas a la gestión
Las organizaciones sindicales califican la actuación como una muestra de improvisación y falta de planificación, y critican la contradicción con el refuerzo económico reciente del servicio.
Recuerdan que el Ayuntamiento aprobó hace meses un contrato de más de 2 millones de euros mensuales para mejorar la limpieza en la ciudad.
En este contexto, consideran incoherente enviar recursos fuera del municipio.
Exigen responsabilidades
Los sindicatos han anunciado que solicitarán la apertura de un expediente informativo y la depuración de responsabilidades.
También trasladarán los hechos a las instituciones competentes y exigirán que no se repitan actuaciones similares.
A su juicio, la gestión del servicio no puede realizarse al margen de la legalidad ni de la participación sindical.