El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha encargado a la empresa pública Gesplan que mantenga diversas infraestructuras municipales y coloque 1.200 placas con nombres de calles. Para pagar los trabajos, que alcanzan los 402.813 euros, el grupo de Gobierno ha puesto en marcha una modificación de crédito que se votará este viernes durante el Pleno.
Todo parte de que el Servicio de Patrimonio solicitó a los cinco distritos que informen sobre la posible necesidad de acometer pequeñas reparaciones y la lista definitiva quedó fijada en 118 incidencias. Un número que el Consistorio considera elevado y para el que no tiene suficientes medios propios —así como que en algunos casos son necesarios especialistas—.
Plan choque
En definitiva, el objetivo es llevar a cabo lo que han definido como “un plan de choque”. “Se considera que la ejecución de los trabajos constituyen una necesidad urgente e inaplazable, resultando esencial para garantizar la adecuada conservación de las infraestructuras municipales”, recoge la memoria a la que ha podido acceder Atlántico Hoy.
Actuarán en locales sociales, centros cívicos —entre otras infraestructuras municipales—, así como se llevará a cabo la colocación de 1.200 placas de rotulación de calles. La urgencia para acometerlo se intuye porque el pasado 6 de marzo se adjudicó el suministro a la empresa Proseñal por 135.709 euros. Es decir, si llegan y no se instalan, habría que almacenarlos.
Encargo directo
En alguna ocasión, las empresas privadas han alzado la voz contra este tipo de encargos por adjudicarse ‘a dedo’ a compañías públicas en lugar de sacarlo a concurso público. En cualquier caso, el Ayuntamiento justifica en el expediente que en el caso de los rótulos se usa un medio propio por “razones de eficacia y coordinación administrativa”.
En el caso de las infraestructuras municipales, detalla que así resulta más eficiente que la contratación mediante una licitación. “Concurre una necesidad urgente e inaplazable de adecuar y conservar los espacio”, recoge. “Requiere una respuesta inmediata difícilmente compatible con los plazos inherentes a un procedimiento de contratación pública”, añade.
Plazo previsto
El plazo de ejecución que se prevé es de 18 meses que estarán divididos en varias anualidades —empezando desde 2026—. La propuesta económica presentada por parte de Gesplan incluye 112.931 euros para la colocación de rótulos y 1,2 millones para el mantenimiento de las infraestructuras. Pero para este año solo se gastarían los 402.813 del modificado.
El total para 2027 son 849.670 euros y para 2028 —cuando la rotulación debería estar acabada—, 77.254 euros de cara a finiquitar el mantenimiento de infraestructuras municipales. “El retraso en la ejecución de las actuaciones podría agravar aún más los perjuicios existentes, comprometiendo el uso del patrimonio municipal”, indica.
Modificación de crédito
“La demora en la ejecución de los trabajos de instalación de las placas de rotulación de calles, impediría la correcta implantación del nuevo sistema de identificación viaria aprobado por la Junta de Gobierno, generando desajustes en la señalización urbana”, prosigue.
La modificación de crédito para ejecutarlo se hará mediante anulaciones o bajas de crédito de gastos de otras aplicaciones presupuestarias. El pasado 23 de julio se firmó la propuesta de dictamen y este martes se llevó el tema a comisión de pleno antes de abordarlo en el Salón Dorado de Santa Ana este viernes.
La oposición
Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular (PP), señala la importancia de que el gobierno municipal especificar qué actuaciones concretas se van a llevar a cabo —ya sea en la memoria o verbalmente—. “También deben explicar por qué han seleccionado a Gesplan”, afirma de manera tajante el edil.
“Aunque la memoria no lo dice, es porque no tenemos capacidad propia”, prosigue. Pone también sobre la mesa que en la documentación la única actuación que aparece desarrollada con cierto detalle es la instalación de las placas. “¿Qué otras infraestructuras se van a mantener?”, se pregunta.
“Hay un debate de fondo sobre el modelo de gestión que este expediente vuelve a poner sobre la mesa. La ley permite acudir a un medio propio en determinados supuestos pero muchas empresas privadas de nuestra ciudad podrían concurrir en procedimientos abiertos y competitivos para realizar este tipo de trabajos”, concluye.
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