El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reiterado al Gobierno de Canarias su petición para que el municipio sea declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, con el objetivo de aplicar las medidas de la Ley 12/2023 de Vivienda que permitan regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.
El Consistorio recuerda que presentó la solicitud inicial el 10 de mayo de 2024 y remitió la documentación técnica complementaria el 16 de enero de 2025, sin haber recibido aún respuesta oficial sobre la incoación del expediente. Por ello, insiste en que el Ejecutivo autonómico valore de nuevo el expediente.
Dos informes, dos conclusiones
El Ayuntamiento sostiene, a través de un informe elaborado junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que la ciudad cumple tres de los cuatro requisitos que marca la ley para ser declarada zona tensionada, basándose en indicadores sobre renta, precios del mercado, impacto del alquiler vacacional y tipología residencial.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias llegó a una conclusión opuesta en el informe que presentó a finales de julio, coordinado por la economista Rosa Rodríguez Díaz y elaborado junto al Colegio de Economistas y la empresa pública Visocan.
Ese documento determinó que Las Palmas de Gran Canaria no superaba los umbrales legales exigidos: el esfuerzo medio para alquilar una vivienda es del 24,11 % de la renta media y para comprarla del 22,80 %, ambos por debajo del límite del 30 %. Además, el alquiler subió un 21,2 % entre 2019 y 2024, solo 2,6 puntos más que el IPC, cuando la norma exige tres.
El estudio regional también destacó la existencia de 12.765 viviendas excedentarias y más de 38.000 sin hogar asociado, lo que sugiere que el problema no es la falta de vivienda, sino su disponibilidad en el mercado.
304 municipios ya reconocidos
Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, 304 municipios españoles han sido declarados zonas tensionadas: 271 en Cataluña —entre ellos Barcelona, Girona y Sabadell—, 21 en Navarra, 11 en el País Vasco y uno en Galicia (A Coruña).
El Gobierno municipal subraya que la competencia recae en la comunidad autónoma y defiende que su solicitud se ajusta a los criterios de la ley, por lo que pide al Ejecutivo regional revisar su postura y considerar la declaración del municipio como zona tensionada.