El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que abonar 75.901,14 euros en intereses de demora a la empresa SURHISA Suárez e Hijos SL por el pago tardío de varias facturas relacionadas con contratos de asfaltado y repavimentación de calles en distintos barrios del municipio. Así lo recoge un decreto firmado por el área municipal de Vías y Obras y Alumbrado, que reconoce oficialmente la obligación económica derivada del retraso en los pagos.
La reclamación administrativa fue presentada el pasado 12 de febrero de 2026 por representantes de la mercantil, adjudicataria del contrato de Repavimentación de calzadas en los barrios de Jinámar. Fase 1, Jinámar Fase 2 (lotes I y II), Las Chumberas, Siete Puertas y diseminados de San Lorenzo y Almatriche, correspondiente al expediente de contratación.
Reclamación mayor
En un primer momento, la empresa reclamó al Ayuntamiento un total de 85.712,14 euros por los intereses generados tras el abono extemporáneo de varias facturas emitidas entre enero y febrero de 2022. Entre ellas figuraban certificaciones superiores a los 224.000 y 192.000 euros.
Sin embargo, tras los cálculos realizados por la Sección de Vías y Obras, el importe definitivo reconocido por la administración local quedó fijado en 75.901,14 euros, una cantidad inferior a la inicialmente solicitada por la adjudicataria. El expediente señala que esos cálculos se realizaron aplicando la normativa estatal sobre lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
Informe favorable
El decreto municipal indica además que el Ayuntamiento abrió trámite de audiencia a la empresa el 9 de marzo de 2026 y que, una vez expirado el plazo concedido, no constaban nuevas alegaciones ni documentación adicional por parte de la mercantil.
El expediente incorpora igualmente los informes favorables tanto de la Asesoría Jurídica, emitido el 30 de abril, como del Servicio de Intervención, fechado el 19 de mayo de 2026. Además, ya figuraba una retención de crédito específica para afrontar el pago de estos intereses.
Costes añadidos
La resolución fue firmada por el concejal delegado de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Alberto Díaz Mendoza, y ordena autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria municipal correspondiente.
El caso vuelve a poner el foco sobre los costes añadidos que generan los retrasos administrativos en el pago a proveedores dentro de la administración local, especialmente en contratos de obra pública y mantenimiento urbano. En este caso, los intereses reconocidos corresponden a trabajos ejecutados hace más de cuatro años y vinculados a actuaciones de asfaltado en varios barrios periféricos y zonas residenciales de la capital grancanaria.