El rastro que tiene lugar cada domingo en la calle Simón Bolívar de Las Palmas de Gran Canaria trae de cabeza a la Policía Local del municipio. Los agentes denuncian que se ha generado una situación de descontrol que no permite acabar con la venta ambulante —popularmente conocida como ‘top manta’—. La escasez de efectivos unida a la falta de directrices por parte del Ayuntamiento capitalino hacen imposible poner límites a una actividad que preocupa a los comerciantes que cuentan con un permiso para vender allí.
Desde hace unas semanas, los agentes declararon un conflicto laboral con la corporación municipal por no haber cobrado las horas extra, por lo que se niegan a trabajar más tiempo del estipulado en su jornada hasta que se resuelva el problema. Javier Pascua, portavoz de la Plataforma Unificada de Sindicatos de Policía Local, explica que como no hay policías suficientes se está dejando de mandar agentes al rastro. Como máximo van dos, pero apunta que hacen falta más.
"Nos vemos amarrados"
Un vídeo del último rastro —imágenes que acompañan a este artículo— refleja una estampa que se puede ver cada domingo desde hace varios años. En él se puede observar cómo varias personas de origen subsahariano, junto a los puestos reglados, exponen productos para venderlos a quienes se acercan a ver si pueden llevarse alguna ganga a casa.
La situación es difícil para los agentes por el conflicto moral que conlleva: pensar que son personas buscándose la vida al mismo tiempo que los comerciantes con autorización sufren competencia desleal. “Es complicado a la hora de intervenir, nos vemos amarrados”, señala Pascua en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy.
¿Sancionarlos?
Uno de los principales inconvenientes surge porque las personas que llevan a cabo la venta ambulante se encuentran en situación irregular o en riesgo de exclusión social. Eso provoca que multarlos no tenga sentido dado que se declaran insolventes al no contar con recursos económicos. “La sanción económica no les supone nada porque nunca la van a pagar”, sentencia el delegado sindical.
Pascua pone sobre la mesa que al tema se suma la insalubridad. La razón es que, junto a la zona donde se produce la venta ambulante, hay un parque infantil donde “apoyan la ropa usada”. “Yo he llegado a ver hasta yogures”, dice con indignación ante una realidad que pone en riesgo la integridad de los menores que pueda haber en ese momento jugando mientras sus padres hacen algunas compras.
"Hay descontrol"
El sindicalista señala que hace un año aproximadamente se mandaban dos policías por un lado y dos efectivos por el otro extremo del rastro. Luego se pasó a enviar a agentes de Movilidad. Pero más allá del cuerpo de seguridad, lamenta que hace años no se ve a un responsable del Consistorio de la ciudad en la zona —como era habitual por si era necesario hacerle alguna consulta—. “Hay descontrol, es una dejación del propio Ayuntamiento, no hay unas directrices unificadas, se está parcheando”, comenta.
“Actualmente, este servicio está siendo atendido por dos binomios de agentes de movilidad, pero solo para la regulación del tráfico, ya que no tienen competencias en otras ordenanzas municipales ni en seguridad ciudadana”, prosigue.
"Falta de compromiso"
Pascua destaca que no está garantizada, ni siquiera, la seguridad para los policías. Considera que para poder revertir la situación hace falta un compromiso del Ayuntamiento, con un dispositivo de policías conjuntamente con operarios de limpieza, para retirar los enseres que quedan en los aledaños del rastro.
“A día de hoy”, apunta, “una pareja de policías no puede intervenir de forma eficaz, cuando hay un centenar de personas al otro lado”. “Cuando en una situación se deja a la policía de lado, lo que pasa es que se acrecienta ese tipo de actividad, la autoridad cae en otras manos. Dos policías no pueden actuar contra 60 personas”, incide.