El nuevo contrato de recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria desata la crítica política. El Partido Popular ha advertido de que el servicio no garantizará recogida diaria en todos los barrios y denuncia una “privatización de facto” sin autorización expresa del Pleno.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, sostiene que el contrato, valorado en casi 157 millones de euros y con una duración de ocho años, llega “tardísimo” y consolida un modelo que, a su juicio, genera desigualdades entre zonas de la ciudad.

Según Delgado, se trata de uno de los contratos más relevantes del consistorio por su impacto directo en la vida diaria de los vecinos, al afectar a miles de contenedores en todo el municipio.

Recogida desigual

La dirigente popular asegura que el pliego establece diferencias en la frecuencia del servicio. En algunos barrios, la recogida de la fracción resto será diaria, mientras que en otros se realizará en días alternos.

A su juicio, esto supone “blindar un modelo desigual” sin explicar los criterios ni garantizar un estándar homogéneo en toda la ciudad.

Delgado advierte de que esta situación consolida la existencia de “barrios de primera y de segunda”, en función de la frecuencia del servicio.

Dudas legales

El PP también cuestiona el modelo de gestión del contrato, al considerar que amplía el peso de la gestión privada en el servicio.

Según la portavoz, el adjudicatario asumirá la recogida en gran parte del municipio, incluidas áreas donde hasta ahora operaba el sector público, además de la totalidad de las recogidas separadas.

Esto, afirma, constituye una “privatización de facto” que no ha sido debatida ni aprobada formalmente por el Pleno, lo que podría generar inseguridad jurídica.

Críticas al gobierno

Delgado acusa al grupo de gobierno de incoherencia, al defender lo público mientras, sostiene, impulsa un modelo con mayor dependencia del operador privado.

Además, critica los retrasos acumulados en la tramitación del contrato, que ha tenido que modificarse en varias ocasiones antes de su aprobación.

A su juicio, el documento “no resuelve los problemas estructurales” del servicio ni garantiza una mejora clara en la limpieza de la ciudad.

La portavoz popular concluye que el contrato llega tarde, con dudas legales y sin una solución definitiva para uno de los principales servicios públicos de la capital.