El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias, el cese inmediato de todas las funciones ejecutivas de la gerente de la Sociedad de Promoción, Elena Rodríguez. Esta petición se fundamenta en la reciente sentencia sobre el ruido del Carnaval, la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y los persistentes problemas de tesorería que están retrasando los abonos a las empresas proveedoras de la entidad municipal.
La portavoz del grupo popular en la capital, Jimena Delgado, ha manifestado que la situación actual de la gerencia ha cruzado todas las líneas rojas exigibles y resulta insostenible para una administración pública. La dirigente ha recordado que la responsable se encuentra querellada e imputada judicialmente, liderando además una sociedad pública que gestiona más de 20 millones de euros de dinero público.
A esta circunstancia legal se suman las importantes dificultades financieras que atraviesa la entidad, generando tensiones continuas en los pagos a las empresas locales que prestan sus servicios.
Sentencia del Carnaval
El reciente fallo judicial que anula la celebración del Carnaval de calle en la zona Puerto ha sido un factor determinante en esta exigencia. El magistrado encargado del caso invalidó la resolución municipal y cuestionó de forma expresa la declaración de la gerente sobre la existencia de medidas paliativas frente al ruido. Según detalla la sentencia, la afirmación de que los escenarios contaban con limitadores acústicos y controles diarios ha sido catalogada como una versión carente de virtualidad probatoria y desmentida por las actas de la propia Policía Local.
Desde la formación política advierten que la continuidad de Rodríguez no solo afecta a la imagen de transparencia de la Sociedad de Promoción, sino que perjudica directamente al tejido empresarial y a las cuentas del propio Ayuntamiento. La actual gerente fue nombrada en la etapa de Carolina Darias para reconducir la entidad tras apartar a su predecesor por desfases contables, pero los populares denuncian que persisten las deudas con proveedores desde hace un año. El grupo concluye que no se puede pedir confianza a las empresas mientras se mantiene en el cargo a una responsable desautorizada judicialmente.