La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha cuestionado este viernes a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, sobre la vigencia de la situación sanitaria en el municipio. La formación política exige conocer si se mantienen las condiciones de insalubridad que sirvieron de base jurídica para la contratación de emergencia del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, el cual fue adjudicado de forma directa a la empresa FCC en octubre del pasado año.
Desde la oposición recuerdan que el informe de Salud Pública del 29 de octubre de 2025 advertía de un “grave peligro para la salud pública”. Un día después de dicha advertencia, la Junta de Gobierno aprobó el expediente de emergencia como una medida transitoria o contrato puente hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos ordinarios.
Ante este escenario, el PP ha solicitado formalmente esta semana a la Jefatura de Sección de Salud Pública un informe técnico actualizado que determine si persisten circunstancias como reboses, acumulación de residuos o plagas, y que evalúe el impacto real del dispositivo extraordinario.
Vuelta a la licitación
Delgado ha señalado que si el gobierno municipal justificó la adjudicación directa por una situación excepcional, es necesario aclarar ahora con datos si esa excepcionalidad sigue existiendo. La portavoz ha insistido en que su partido no puede defender la continuidad indefinida de contratos millonarios adjudicados sin concurrencia, defendiendo que lo apropiado es licitar con normalidad y con todas las garantías tanto el contrato de Limpieza Viaria como el de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Para los populares, la licitación legítima y competitiva es la única vía para asegurar la eficiencia, el control del gasto y un mejor servicio para los barrios de la capital grancanaria. Asimismo, han advertido sobre los malos antecedentes del Consistorio en la tramitación de grandes licitaciones, reclamando el fin de la normalización de la excepcionalidad administrativa para evitar que se eternicen los procedimientos ordinarios.
La gestión de este contrato de emergencia no solo ha generado debate político, sino que también ha llegado a los tribunales. Delgado ha recordado que la adjudicación de octubre se encuentra bajo la lupa de la justicia tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de una empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno.
En el plano económico, el PP ha puesto el foco en el desembolso que suponen estas contrataciones. Según las cifras del presupuesto de 2025 manejadas por la formación, a los 71,7 millones de euros previstos para limpieza se suman al menos 24 millones del contrato de emergencia, alcanzando un total de 95,7 millones de euros. Esto equivale a un promedio de gasto de 262.000 euros al día, una cifra que, según Delgado, exige máxima transparencia y una licitación en buena lid en lugar de prórrogas de emergencia.