El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado una inspección técnica urgente de una vivienda situada en la calle Castillejos, en Guanarteme, ante la preocupación expresada públicamente por su propietaria por las obras que se ejecutan en las parcelas colindantes.
La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, ha pedido al grupo de gobierno, integrado por PSOE, Podemos y NC, que un inspector técnico municipal se persone en el inmueble para comprobar su estado y determinar si los trabajos que se desarrollan junto a la vivienda están teniendo alguna incidencia sobre su estructura.
Excavaciones y maquinaria pesada
Según el escrito presentado por los populares, las obras incluyen demoliciones, excavaciones profundas, movimientos de tierra y utilización de maquinaria pesada en las parcelas próximas a la vivienda.
El PP sostiene que estos trabajos se están realizando "en contacto directo o muy próximo" a los cimientos y muros de carga del inmueble y apunta a la existencia de vibraciones, posibles movimientos o asentamientos del terreno y elevados niveles de ruido derivados de las actuaciones.
Las obras se desarrollan al amparo de las licencias correspondientes para la Actuación de Dotación AD-08 "Simancas-Castillejos (Barranco de Guanarteme)", promovida mediante un sistema de ejecución privada. El proyecto contempla, entre otras actuaciones, trabajos de urbanización y el acondicionamiento del espacio libre situado entre las calles Castillejos y Simancas.
El PP pide comprobar la seguridad
Delgado ha defendido que la inspección debe servir para determinar técnicamente si existe alguna afección sobre la vivienda, sin anticipar conclusiones sobre su estado.
"No podemos esperar a que se produzca un problema para actuar. Cuando una obra de estas características se desarrolla junto a una vivienda habitada, lo razonable es que el Ayuntamiento compruebe sobre el terreno que existe absoluta seguridad para la persona que vive allí", ha señalado.
La portavoz popular ha insistido en que deben ser los técnicos municipales quienes determinen si las vibraciones, las excavaciones o los movimientos de tierra están afectando al inmueble y, en su caso, establezcan las medidas necesarias.
El escrito reclama además que, si durante la inspección se detecta "el más mínimo riesgo" de derrumbe, colapso o peligro para las personas, se pueda ordenar cautelarmente la paralización de los trabajos en el perímetro de contacto con la vivienda, junto con las medidas de apuntalamiento, consolidación o protección que sean necesarias.
Delgado ha señalado que la actuación urbanística y la seguridad de las edificaciones existentes son cuestiones diferenciadas. "Una cuestión es el desarrollo urbanístico previsto para esta zona y otra completamente diferente es la obligación de las administraciones y de los promotores de garantizar la seguridad de las edificaciones existentes y de las personas mientras se ejecutan las obras", ha concluido.
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