El nuevo presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, elude pronunciarse sobre dos de los grandes temas que preocupan al Puerto de Las Palmas: la subida de categoría en la estructura portuaria estatal, con la que la Autoridad Portuaria obtendría más recursos, y la planta de gas proyectada en La Luz, que es rechazada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debido a su cercanía a la ciudad y los posibles efectos negativos en la salud de sus habitantes.

Santana, que es natural de Fuerteventura, era director general de Marina Mercante hasta su nombramiento la semana pasada como presidente de Puertos del Estado, organismo que gestiona la red nacional de puertos junto a las autoridades portuarias de cada territorio.

Balones fuera

El presidente se ha estrenado este martes en su primer acto público en las Islas, con motivo de las jornadas Corredor del Atlántico que organiza la Unión Europea por primera vez en Canarias, pero se ha puesto de lado ante los dos grandes temas que preocupan a la comunidad portuaria de Las Palmas, sin entrar en las preguntas planteadas por los periodistas.

De la planta de gas admitió estar al corriente de la polémica, con un amplio rechazo de los colectivos vecinales y ecologistas también, pero que "no conoce en detalle ese proyecto".

Importancia del gas

Sí reconoció que el gas es "uno de los vectores" importantes para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo y de los puertos europeos, un reto que es necesario abordarlo con "acuerdos globales", como asegura que está realizando el Gobierno de España a través del ministerio de Transportes.

Entre esos acuerdos destaca la decisión que se tomó la semana pasada en el Comité de Protección Marina de las Naciones Unidas para implementar un sistema de pago por las emisiones de dióxido de carbono en el transporte por mar. Ese compromiso se refrendará en el próximo Comité de Protección del Medio Marino 84, que se celebrará en octubre, y entrará en vigor 16 meses después.

Del posible ascenso de Las Palmas a la primera división portuaria se mostró aún más lacónico, limitándose a responder lo obvio, que el organismo "estudiará" el expediente.

Calzada

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, optó por no entrar en el fondo del asunto, aunque sí apeló a que "la sensibilidad de un canario" influya de manera positiva en la decisión de Puertos del Estado.

Acceder a la categoría A es una vieja aspiración de Puertos de Las Palmas, que, por volumen de negocio y pluralidad de servicios, considera que tiene derecho al ascenso.

El socialista Luis Ibarra, que pertenece al mismo partido que ahora Santana, lo solicitó el mandato pasado, pero Puertos el Estado declinó el cambio de categoría.

Avalados por los datos

Calzada, tras un año de mandato, ha vuelto a poner el asunto sobre la mesa, consciente de que los números son favorables y que sólo falta voluntad política para lograrlo.

Las Palmas, en ese sentido, ingresa al sistema portuario más de lo que recibe, lo cual lastra sus recursos para competir con los grandes puertos nacionales en algunos servicios, como el suministro de combustible, las reparaciones navales, los cruceros o el tránsito internacional de contenedores.

Desequilibrio regional

El problema es que el ascenso de La Luz podría generar un desequilibrio regional importante, pues la actividad de Santa Cruz de Tenerife, que es el segundo puerto de Canarias, está aún lejos de la generada por el tráfico marítimo de la provincia de Las Palmas.

Respecto a la planta de gas, Calzada aclaró que no hay novedades y, por tanto, siguen a la espera de los informes medioambientales para decidir si el proyecto es viable o no.

Ultraperiferia

Las jornadas, que se celebran en la Zona Franca del Puerto de Las Palmas, están destinadas a abordar cuestiones clave para el desarrollo sostenible y la resiliencia de los territorios insulares y las regiones ultraperiféricas.

Además de Santana y de Calzada, participan el coordinador de la UE para el Corredor Atlántico Europeo de Transportes, Carlo Secchi; la coordinadora de la UE para el Espacio Marítimo Europeo, Gesine Meissner, y directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández.