Municipalistas Primero Canarias ha reclamado incorporar criterios "más justos y equitativos" a la futura tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria y propone aprovechar la anulación decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para repensar el tributo, eliminar la cuota fija única y adaptar la tarifa a cada caso particular según la tipología y los usos de cada propiedad.
Distinguir entre usos residencial, turístico y comercial
La formación, liderada en la capital grancanaria por Marcial Morales y Rafael Robaina, plantea que la nueva ordenanza diferencie entre contribuyentes en función del uso residencial, turístico o comercial de cada inmueble. "No puede pagar lo mismo un modesto hogar residencial que, por ejemplo, una vivienda vacacional dedicada a la explotación turística", sostienen los municipalistas.
El partido propone además exenciones o bonificaciones para los hogares y empresas que se comprometan con la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos que generan, así como bonificaciones sociales para colectivos vulnerables, familias numerosas o personas desempleadas.
El reproche del TSJC a la cuota fija
Primero Canarias recuerda que la propia sentencia censura que el Ayuntamiento instaurara una cuota fija con el único criterio de dividir los costes del servicio entre el número de contribuyentes, sin distinción alguna entre realidades tan distintas como viviendas residenciales, viviendas vacacionales, unidades alojativas hoteleras o establecimientos comerciales.
Los municipalistas señalan que la Ley 7/2022 de residuos obliga a las entidades locales a instaurar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que cubra el 100 % del coste real del servicio y refleje el principio de "quien contamina paga", con criterios objetivos para un cálculo proporcional de la tarifa.
La formación anima al Ayuntamiento a iniciar "un amplio proceso participativo" que implique a la ciudadanía y a los agentes sociales en la elaboración de la nueva ordenanza, anunciada por la alcaldesa, Carolina Darias, tras la decisión municipal de no recurrir la sentencia y devolver las cantidades ya cobradas.
"Lo razonable e inteligente es aprovechar la anulación de la tasa para elaborar una nueva ordenanza que permita cumplir la ley y que cuente con el mayor consenso posible", concluyen los municipalistas.
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