El contrato de emergencia del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Las Palmas de Gran Canaria ha sido recurrido ante los tribunales por la mercantil New Paradise Resorts SL, según consta en un decreto oficial de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.

El recurso contencioso-administrativo se dirige contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2025, por el que el Ayuntamiento adjudicó de forma urgente el servicio a FCC Medio Ambiente SA, y ha dado lugar al procedimiento ordinario 544/2025, que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

La existencia de este contencioso no había trascendido públicamente hasta ahora y obliga al Ayuntamiento a remitir al órgano judicial el expediente administrativo completo, foliado y autentificado, así como a personarse como parte demandada para defender la legalidad de una decisión adoptada en un contexto de alarma sanitaria y colapso del servicio municipal de limpieza.

Informe sanitario clave

La adjudicación recurrida se apoyó en un informe técnico de la Sección de Salud Pública, firmado el 29 de octubre de 2025, que advertía de un “grave peligro para la salud pública” derivado de la acumulación de residuos en numerosos puntos de la ciudad. El documento alertaba del reboso continuado de contenedores, de la acumulación de bolsas de basura en la vía pública y del aumento significativo de plagas urbanas, especialmente ratas y cucarachas, en zonas residenciales, comerciales y turísticas.

Salud Pública señalaba que los residuos fermentables, como restos de comida y materia orgánica, favorecen procesos de putrefacción, con efectos directos sobre la contaminación del aire, el suelo y el agua, especialmente en entornos urbanos densamente poblados y en periodos de altas temperaturas. El informe advertía también de la generación de gases nocivos, la aparición de malos olores persistentes y el deterioro del paisaje urbano, con impacto en la convivencia y la imagen de la ciudad.

De forma expresa, el área sanitaria alertaba del riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas graves, asociadas a la proliferación de vectores. En el caso de los roedores, mencionaba patologías como la leptospirosis, el tifus murino o la peste bubónica; en el de los insectos, salmonelosis, fiebre tifoidea, cólera o disentería; y en el de los mosquitos, enfermedades como dengue o fiebre amarilla, subrayando que el riesgo se agrava cuando la basura permanece varios días sin recogida.

Colapso operativo

A estos riesgos sanitarios se sumaban los informes del Servicio Municipal de Limpieza, que describían un desequilibrio grave e inmediato en la prestación del servicio público esencial. Los técnicos apuntaban a un absentismo laboral elevado, que alcanzaba hasta el 40 % en la recogida de residuos y el 50 % en la limpieza viaria, al deterioro del parque móvil, con numerosos camiones averiados o fuera de servicio por antigüedad, y al retraso en la entrega de nuevos vehículos ya adjudicados por contrato.

La imposibilidad de cubrir bajas y vacantes con rapidez, debido a las limitaciones administrativas y la falta de bolsas de empleo, redujo de forma drástica la capacidad operativa del servicio, provocando escenas de basura acumulada durante días, incremento de denuncias vecinales y una creciente alarma social en distintos barrios de la capital.

Adjudicación de 23 millones

Ante este escenario, la Junta de Gobierno Local aprobó la contratación de emergencia al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, una figura jurídica reservada para situaciones de riesgo grave e inmediato para la salud o la seguridad ciudadana, adjudicando el servicio a FCC Medio Ambiente SA por un importe estimado de 23,02 millones de euros, con carácter transitorio hasta la formalización de los nuevos contratos ordinarios.

El recurso presentado por New Paradise Resorts SL, ahora en tramitación judicial, cuestiona la validez de ese acuerdo y sitúa bajo revisión una de las decisiones más relevantes y controvertidas del mandato municipal, adoptada en un contexto de emergencia sanitaria documentada.

Mientras el procedimiento sigue su curso en la jurisdicción contencioso-administrativa, el contrato de emergencia continúa en vigor, a la espera de que se resuelva el litigio o se adjudiquen definitivamente los nuevos servicios de limpieza y recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria.