La Asociación Custodia del Territorio Guiniguada ha logrado reunir, a través de una campaña de recogida de fondos, el dinero necesario para costear el recurso contencioso-administrativo que mantiene contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la adjudicación de la redacción del proyecto del Paseo Guiniguada.
El colectivo lo dio a conocer este martes, cuando aún quedaban 12 días para el cierre de la campaña. Su argumento es que el proyecto vulnera el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad.
La recaudación ya ha superado los 4.700 euros que la asociación fijó como mínimo para afrontar el procedimiento judicial. También ha rebasado los 5.000 euros que se había marcado como meta inicial. Sin embargo, la campaña seguirá abierta hasta el 24 de octubre con un nuevo horizonte: alcanzar los 6.000 euros, la cifra que el colectivo considera “óptima” para sostener el proceso.
Un recurso en marcha
El contencioso se interpuso en julio contra la adjudicación a Batlle i Roig Arquitectura del desarrollo del proyecto AWA. Este proyecto ganó el concurso que el Consistorio convocó en 2025 para transformar el último tramo del cauce del Guiniguada a su paso por Vegueta y Triana.
Esta iniciativa es una de las apuestas del mandato de la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias. Durante la semana pasada, el juzgado había admitido a trámite el recurso y requirió al Ayuntamiento que remitiera toda la documentación del expediente. Así, la asociación podrá estudiarla y ampliar su demanda.
El plan especial pendiente
La asociación defiende que no puede ejecutarse ninguna obra sin que antes se redacte el plan especial del sistema general de espacios libres SG-51 Guiniguada. Según el colectivo, ese ámbito triplica la superficie del proyecto y abarcaría también San Roque, San Juan, San Nicolás y El Batán, por lo que debe ordenarse con una visión de conjunto.
Su presidente, José Fernández, ha recordado que llevan dos años pidiendo al Ayuntamiento que renuncie al concurso y tramite ese plan, sin obtener respuesta. Por eso ha defendido la vía judicial como “la única manera de detener una actuación” que, a su juicio, infringe el PGO.
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