La Asociación de Restauración de Las Palmas de Gran Canaria (ARES) ha presentado por un plan piloto para evitar el cierre de terrazas a las 22:00 horas en el barrio de Guanarteme. Su presidente, José Miguel Sánchez, explicó en declaraciones a Canarias Radio que los restauradores están dispuestos a aplicar medidas que reduzcan las molestias sin sacrificar el grueso de su facturación.

“Tenemos licencia hasta la 1:30 de la madrugada, pero la mayoría estamos cerrando entre las 11:30 y las 12:00 como gesto voluntario”, afirmó. Este compromiso, que asegura que ya se cumple desde hace más de un año, sería el primer pilar de una solución consensuada.

Cerramientos contra el ruido

El plan contempla además la instalación de cerramientos acristalados y toldos acústicos como los utilizados en otras ciudades. “Se trata de estructuras que evitan la reverberación y contienen el sonido. Ya se usan en sitios como Granada o Málaga”, detalló Sánchez.

Estas propuestas buscan responder a las quejas vecinales por ruido, sin recurrir a la medida más extrema: clausurar la terraza a la hora de la cena. “No somos bares de copas. La mayoría de nuestros clientes vienen a cenar con su familia o su pareja”, recalcó.

Colaboración con vecinos

Sánchez también reveló que ARES ha iniciado contactos directos con algunos residentes. “Hablamos con un afectado y nos dijo que ellos no han pedido el cierre a las 22:00. Lo que quieren es una solución al ruido ambiental en general, no solo al de las terrazas”, aseguró.

Según su versión, los vecinos estarían abiertos a estudiar alternativas como las que proponen desde el sector. “Nos dijeron que, si se hace bien, incluso un proyecto piloto podría funcionar”, añadió.

Falta de diálogo

Sin embargo, el presidente de ARES lamenta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya incoado el expediente sin abrir antes una mesa de diálogo. “No entendemos por qué no se ha hecho. El problema ha cambiado desde 2022, los negocios también, y los vecinos ya no tienen la misma percepción”.

El procedimiento actual está en fase de alegaciones, pero ARES insiste en que todo esto se podría haber evitado “con una simple conversación”.

El coste de defenderse

Cada uno de los 11 o 12 locales afectados deberá gastar entre 3.000 y 4.000 euros en su defensa legal. “Todo este proceso va a costar dinero a los pequeños empresarios, y también al Ayuntamiento si vuelve a perder”, advirtió.

El expediente anterior ya fue anulado por el juzgado por falta de trámite de audiencia, lo que obligó al consistorio a indemnizar a los vecinos.

No son el único problema

El presidente de ARES defendió que el ruido de la zona no se debe exclusivamente a las terrazas. “Joaquín Costa y las calles aledañas son vías de paso entre Las Canteras, Mesa y López y Santa Catalina, con alto tráfico rodado. El ruido ambiental está ahí con o sin terrazas”, dijo.

Por eso, una de las propuestas que lanzan es que el Ayuntamiento mida con sonómetros el nivel sonoro sin terrazas activas, para comprobar si realmente son la fuente principal del problema.

Crítica al urbanismo

Sánchez fue más allá y cuestionó el modelo urbanístico del entorno. “Quizá lo que no está adaptado a la zona son los edificios construidos con materiales que no aíslan del ruido. El problema es estructural y viene de atrás”.

Recordó que muchos locales afectados abrieron con licencias municipales, pero los edificios donde se ubican no cumplen los requisitos del actual código técnico de edificación.

“No somos el problema”

Para el presidente de ARES, la restauración no es el enemigo. “No somos grandes empresarios. Somos familias trabajando con sus hijos o sobrinos. Si nos quitas las terrazas, cierras el negocio”.

Y concluyó: “Queremos colaborar, ofrecer soluciones y convivir con los vecinos. Pero sin diálogo no hay forma de que eso ocurra”.