La nueva tasa de basura municipal ha causado un alto revuelo, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en el resto del país. Desde generar dudas a la ciudadanía, a las recomendaciones de las asociaciones de consumidores de recurrirlas y con ello la posibilidad de una “oleada de litigios”, según la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública.
En la capital grancanaria, se ha fijado una cuota máxima de 149,33 euros por vivienda, con la que el Ayuntamiento defiende que se cubre el coste real del servicio. No obstante, el debate nacional plantea que las ordenanzas municipales podrían no cumplir con la normativa europea y estatal. Ahora la pregunta clave es: ¿lo está haciendo bien el consistorio para librarse de las reclamaciones masivas?
Desigualdades entre municipios
El Ayuntamiento de Las Palmas aprobó el pasado abril su nueva ordenanza fiscal para adaptarse a la Ley 7/2022 de Residuos, que exige a los municipios financiar íntegramente los servicios de recogida, transporte y tratamiento. La cuota máxima anual por vivienda asciende a 149,33 euros, aunque la cantidad final dependerá de las características del inmueble y del servicio recibido, y se empezará a cobrar a partir de enero de 2026.
La cantidad acordada se enmarca en un mapa nacional de gran desigualdad. Según los datos del Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, las capitales españolas muestran diferencias de hasta 230 euros entre los importes máximos: mientras Valencia alcanza cerca de 287 € por hogar, Toledo apenas supera los 57 €.
El informe estatal Las Tasas de Residuos 2025 sitúa la media nacional en 116,32 euros, por lo que la cuota grancanaria se coloca por encima de la media, aunque lejos de los extremos más altos.
Posible oleada de litigios
Esta diferencia en el cálculo de las tasas y la ausencia de transparencia sobre los costes reales del servicio en muchos municipios, han llevado a los inspectores de Hacienda Local a advertir de un posible “aluvión de litigios”.
Los expertos en fiscalidad local explican que la ley obliga a que la tasa cubra el coste real, pero también a que no lo exceda, por lo que si un ayuntamiento no documenta bien los costes, se abre la puerta a impugnaciones.
Reclamaciones
Asociaciones como FACUA‑Consumidores en Acción y OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) han aprovechado esta posible puerta abierta para lanzar en sus plataformas el modelo de recurso de reposición para reclamar así la devolución de la tasa de basura en diversos municipios, como Badajoz, Madrid o León, entre otros.
Desde estas entidades alegan que muchas ordenanzas carecen de la debida justificación económica, no incorporan el principio “quien contamina paga” y cargan importes fijos sin medir la generación real de residuos. Este último motivo ha llevado a OCU a denunciar ante la Comisión Europea que varias administraciones locales están aplicando la tasa vulnerando la directiva europea 2018/851.
Costes del servicio
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha cuantificado el coste del servicio en torno a los 32 millones de euros, según la nota que publicaron en abril, momento de la aprobación de la tasa. De esa cantidad, el 25% (unos ocho millones de euros) se destinarán al Cabildo de Gran Canaria como pago por el tratamiento de los residuos en el vertedero.
El cálculo de la nueva tasa se apoya en un estudio económico que integra tanto los costes directos (personal, recogida, transporte, limpieza y tratamiento) como los indirectos, incluyendo la adquisición de bienes y servicios, mantenimiento de flota y otros gastos generales del área.
El Ayuntamiento subraya que la ordenanza respeta el principio de equivalencia fiscal, garantizando que la recaudación no excederá en ningún caso el coste efectivo del servicio, tal y como exige la Ley 7/2022 de residuos.
Bonificaciones y excepciones
Además, la entidad municipal ha indicado que el nuevo tributo se compone de una cuota fija de 108,45 euros y una parte variable de 40,88 euros que dependerá de la basura que genere cada vivienda. Por lo que el importe final se calcula dependiendo del peso de los residuos: cuanto más se tire, más se paga.
Y a su vez, cuenta con bonificaciones y excepciones tanto para familias numerosas (desde el 50% al 75%, según la categoría); personas en situación de riesgo o exclusión social, teniendo la posibilidad de exención total, y para quienes domicilien el pago con antelación (5%). También se bonificará la correcta separación de residuos y el uso del contenedor marrón, destinado a la materia orgánica.
Es toda esta información la que puede hacer que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se libre de la posible oleada de litigios, ya que, en principio, premia el reciclaje y protege a colectivos vulnerables, aunque queda un poco en el aire el desglose de los costes del servicio, calculado en 32 millones de euros.