El nuevo informe de la Guardia Civil sobre el caso Valka acredita que José Manuel Setién, tras jubiliarse en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, montó desde su casa una red de información privilegiada para asesorar a empresarios afines, promotores, estudios de arquitectura, abogados y hasta políticos en ejercicio, como el parlamentario Miguel Ángel Pérez del Pino o el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.
Setién, tras dejar la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), no sólo siguió influyendo en sus responsables mediante un "control férreo", sino que contó con la colaboración de la gerente Marina Mas y del técnico Luis Pérez Cañón para conectarse de manera clandestina a los servidores y extraer información urbanística importante: desde la gestión de licencias para saber "por dónde se están moviendo las empresas", hasta la modificación en ciernes del Plan General en Almatriche y Ciudad Alta, subastas en curso y proyectos relevantes para Las Palmas de Gran Canaria o el Gobierno de Canarias.
Especulación pura y dura
Entre esos proyectos destaca la planificación de un negocio de seis millones de euros en San Francisco de Paula. "Lo de San Francisco de Paula es la leche", llegó a validar técnicamente Setién tras las consultas de la cúpula de Geursa.
En las conversaciones, Luís Pérez Cañón calculó los márgenes de la oportunidad tras analizar los precios de mercado en internet: adquirir la finca en subasta por unos 700.000 euros, segregar las manzanas en 40 parcelas independientes y revenderlas individualmente a razón de 150.000 euros cada una. Una operación que calificó como "la bomba" y que reportaría unos "seis millones de euros de ingresos en venta", según recoge el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil (Área de Delincuencia Patrimonial y Económica).
Los agentes también describen el uso ilícito de recursos públicos en esas gestiones: mientras se realiza la subasta el 14 de abril de 2023, Luis Pérez puja in situ usando su correo oficial de Geursa y en representación de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, al tiempo que Setién monitoriza la operación y da las órdenes de subida de precios conectado fraudulentamente a la VPN municipal, hasta cerrar la compra en 2.456.000 euros.
Como un espía jubilado
Todo el epicentro de la operativa en esta pieza separada número cuatro del caso Valka gira en torno a José Manuel Setién Tamés. Según la Guardia Civil, tras su jubilación el 10 de marzo de 2023, no solo no se desvinculó de la administración, sino que comenzó a acceder de forma masiva y clandestina a los archivos municipales desde su propio domicilio en Tafira Alta.
Para ejecutar estas incursiones, informáticos municipales y personal de Geursa instalaron y replicaron de manera irregular herramientas técnicas para Setién. A través de una conexión remota vía VPN bajo el dominio de usuario "marina.mas", el jubilado extrajo de forma continuada documentación confidencial, históricos normativos, planes de desarrollo y cartografía de alta resolución para adelantarse a los movimientos del sector.
Proyectos bajo sospecha
El informe pericial de los terminales telefónicos intervenidos detalla con precisión el mapa de proyectos e intereses urbanísticos que Setién consultaba de manera ilícita y compartía con el resto de la red.
Entre los proyectos que compartió información con terceros destacan:
- Actuación de Dotación AD-01 Lazareto / Caleta de Fuste (Fuerteventura): Setién ejerció de asesor estratégico para fijar ofertas en sobres cerrados. Llegó a marcar de su propio puño un margen de puja de hasta 2.300.000 euros basándose en una ventaja ilícita: el Ayuntamiento actuaría como "comprador cautivo", eliminando cualquier riesgo de pérdida económica.
- Sector 2 de San Francisco de Paula - Tafira: Proyecto catalogado por los implicados como "la bomba". Setién validó la idoneidad del terreno y diseñó una estrategia para fragmentar las manzanas en 40 fincas registrales independientes para su posterior reventa individual, estimando unos ingresos limpios de seis millones de euros. Las conversaciones intervenidas coinciden con el rastreo en tiempo real de la puja oficial hecha desde Geursa.
- Modificaciones del PGO en Ciudad Alta y Almatriche: Setién monitorizó estrechamente los borradores de modificación del Plan General de Ordenación (PGO). Llegó a exigir documentación "en papel" para sortear los rastros informáticos municipales con el fin de introducir enmiendas a su antojo antes de que los planes fueran públicos.
- Edificio de Servicios Múltiples I: La trama manejaba información de esta remodelación integral promovida por el Gobierno de Canarias, un concurso de envergadura cuyo presupuesto base de licitación rozaba los 30 millones de euros.
- Expediente de las 300 viviendas en 'VP11 La Feria' colindante a Infecar: Tráfico de dictámenes periciales confidenciales para analizar la compatibilidad acústica y urbanística de este macroproyecto residencial de ocho plantas frente al recinto ferial.
- Implantación del supernecado ALDI y gasolineras PLENOIL en Tamaraceite: Control e inspección fraudulenta del estado de las declaraciones responsables de apertura, licencias de obra menor en vía pública, modificaciones de pasos de peatones elevados en la carretera de Teror y el proyecto del Pozo el Drago. Estas gestiones las hizo para el empresario Felipe Guerra, también investigado en la causa.
- Actuación de Dotación AD-16 (Plaza de América - Cayetana Manrique / Guanarteme): Extracción de informes jurídicos y licencias urbanísticas oficiales a nombre de la mercantil Residencial Las Américas S.L. para evaluar alteraciones ventajosas en el parámetro de las rasantes.
- Proyectos con fondos europeos en Siete Palmas y Tamaraceite: Consulta de planes vinculados a Zonas de Bajas Emisiones y movilidad sostenible, utilizando las obligaciones adquiridas con Europa para anticiparse a futuras obras públicas.
- Subvención nominal del campanario de la iglesia de los Dolores: Injerencia en la gestión económica de 300.000 euros de fondos públicos municipales para una obra ejecutada sin que constara convenio a tres bandas ni fiscalización de facturas en Urbanismo.