La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha reclamado este miércoles a la alcaldesa, Carolina Darias, que no interponga recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la ordenanza reguladora de la tasa de basura y que, en su lugar, asuma el fallo judicial para ofrecer "cuanto antes" certidumbre a los ciudadanos.
"Rehenes de una batalla judicial"
Para el PP, la prioridad debe ser poner fin a la incertidumbre de los miles de vecinos que ya han abonado el recibo o que desconocen sus derechos tras la resolución judicial. "Los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de una batalla judicial provocada por una ordenanza que nació mal diseñada y que ahora ha sido anulada por los tribunales", afirmó Delgado.
La portavoz popular sostuvo que prolongar el procedimiento ante el Tribunal Supremo solo servirá para mantener "durante meses, e incluso años" la inseguridad jurídica. "La alcaldesa tiene ahora la oportunidad de reconocer que se equivocó. Recurrir solo supondría retrasar la solución de un problema que ella misma creó", añadió.
Alerta de sobrecarga en los servicios municipales
Delgado advirtió además de que, según el PP, los servicios municipales de gestión tributaria y atención ciudadana están recibiendo un elevado número de consultas, recursos y solicitudes de devolución tras conocerse el fallo. "Los empleados municipales están afrontando miles de reclamaciones sin contar con una respuesta política definitiva ni con un horizonte claro", señaló.
En opinión de la portavoz, si el gobierno municipal decide recurrir, esa carga "se prolongará innecesariamente", obligando a destinar más recursos a "defender una ordenanza fallida".
Reclama una nueva ordenanza
La dirigente popular defendió que la ciudad necesita "una nueva etapa basada en el consenso y en la seguridad jurídica". "Lo responsable es asumir la sentencia, elaborar una nueva regulación con todas las garantías jurídicas y hacerlo escuchando a los vecinos y a los sectores afectados", indicó.
Delgado insistió en vincular el origen del tributo a la Ley 7/2022, aprobada por el Gobierno central, que a su juicio fue "más allá de lo exigido por la Directiva europea" al imponer a las entidades locales la obligación de establecer este tributo. "Carolina Darias no solo siguió ciegamente ese mandato, sino que lo hizo de la peor manera posible", afirmó.
El Ayuntamiento, que recibió el lunes la notificación de la sentencia, mantiene que sus servicios jurídicos analizan el contenido del fallo y la conveniencia de presentar recurso de casación.
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