Vuelve el conflicto de las terrazas al barrio de Guanarteme. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha notificado a una decena de locales de restauración en Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme que deberán volver a cerrar sus terrazas a las 22:00 horas. La Asociación de Restauración de Las Palmas de Gran Canaria (ARES) denuncia que se repite la misma receta de 2022 —ya anulada por los tribunales— pero esta vez “corrigiendo el procedimiento sin corregir el fondo”.

“El Ayuntamiento ha vuelto a lanzar el trámite sin reunirse con nadie. De los diez locales afectados, diez están asociados a ARES”, explica a Atlántico Hoy el presidente de la entidad, José Miguel Sánchez. Según detalla, los empresarios disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones, pero lamentan que no se haya abierto previamente ningún canal de diálogo. “Nos vuelven a colocar en una situación de vulnerabilidad, como si no existiéramos”.

Pérdidas mensuales 

El impacto económico, advierte ARES, sería devastador para los pequeños negocios de la zona. “Si tienes diez mesas y pierdes la franja de más facturación, puedes perder 40.000 euros al mes”, sostiene Sánchez. La franja horaria que va de las 22:00 a medianoche representa el grueso de la actividad en muchos de estos establecimientos.

Empleo en riesgo

La consecuencia inmediata, asegura, será la destrucción de empleo. “Se van a reducir puestos de trabajo, y además se justificará como baja productividad. Es decir, sin indemnización”. ARES estima que la medida podría poner en peligro una treintena de empleos directos solo entre los locales afectados.

Desde la asociación insisten en que el horario propuesto es irreal: “Nadie termina de cenar a las diez. La gente que sale de trabajar a esa hora, ¿dónde puede cenar?”. Para Sánchez, la propuesta no responde a la realidad del barrio ni a los hábitos de consumo. “La opción que nos están dando es que la gente cene entre las 9 y las 10, y eso no es viable”.

Decisión anclada en el pasado

Además, ARES cuestiona que la medida se base en una problemática antigua. “Estamos en 2025 y la decisión se justifica en molestias denunciadas en 2022. No hay nuevas mediciones, ni contraste con los vecinos, ni propuesta técnica actualizada”, denuncia. A su juicio, el Ayuntamiento actúa “a ciegas” y de forma generalizada.

Sánchez también desmiente que exista una mesa de diálogo activa. “La mesa del ruido no existe. No nos han llamado ni una sola vez. Todos los partidos se han reunido con nosotros, menos el Ayuntamiento”, critica. ARES cuenta con más de un centenar de afiliados en Gran Canaria, y lamenta la falta de reconocimiento institucional.

Propuestas ignoradas

La asociación asegura estar dispuesta a plantear medidas como cerramientos acristalados, ayudas para insonorizar viviendas o sanciones individualizadas, pero no ha podido formalizarlas. “No nos han dado oportunidad. Entendíamos que el primer paso debía darlo el Ayuntamiento”, señala.

El Ayuntamiento responde

En respuesta al comunicado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado a este medio que esta actuación forma parte del cumplimiento de la sentencia judicial, que obliga a dar trámite de audiencia a los afectados. “También se publicó en el BOP el estudio acústico y el inicio del procedimiento, que incluye un periodo de información pública”, apuntan fuentes municipales.

Desde el área de Urbanismo subrayan que “se actúa siguiendo el procedimiento legal establecido, con absoluto respeto al mandato judicial”. Añaden que esta fase “se complementará con un amplio diálogo con los establecimientos”. Y concluyen: “Respeto a las normas y diálogo son los dos pilares sobre los que el gobierno municipal va a actuar”.

¿Quién genera el ruido?

Por otra parte, el responsable de los negocios reconoce que tampoco ha sido posible, dice, un acercamiento a las asociaciones vecinales. “Llevamos semanas esperando que nos den un simple correo para poder hablar. No ha habido voluntad de abrir ese canal”. Insiste en que no existe una “guerra” entre vecinos y hosteleros, sino “falta total de interlocución por parte del Ayuntamiento”.

Desde ARES cuestionan incluso el origen del problema. “Muchos locales no tienen ni una sola denuncia. Si el ruido es de la calle, no de las terrazas, ¿por qué la sanción es para los restauradores?”, se pregunta Sánchez. A su juicio, se está aplicando una medida indiscriminada que no ataca la raíz del conflicto.

Modelo de ciudad

Sobre el fondo del debate, Sánchez lo tiene claro: “No somos grandes empresarios, somos trabajadores. El restaurante es nuestro empleo”. Añade que lo que está en juego no es solo dinero, sino supervivencia: “Hay negocios con 12 mesas y un único dueño trabajando en ellas. Si les quitas la terraza, cierran”.

ARES defiende un modelo de ciudad donde el ocio y el descanso puedan convivir. “Hace falta control, avisos, y un trato directo entre Policía Local, restauradores y vecinos. Pero ahora solo hay medidas coercitivas aplicadas por igual a todos, sin matices”. Para Sánchez, la solución está en el diálogo. “Con una conversación, muchos de estos problemas desaparecerían. Pero aquí no ha habido ni una”.