Un grupo de letrados liderado por Diego León solicita al Colegio de Abogados de Las Palmas (Icalpa) que expulse al exmagistrado Salvador Alba para impedirle ejercer porque está "condenado por delitos con penas graves", recoge un escrito dirigido a la institución.
Alba está condenado a seis años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad, pero ha cumplido un tercio de la condena y disfruta del tercer grado, lo que le permite salir de prisión.
Desde marzo está dado de alta en el Colegio de Abogados y forma parte del despacho Consortium Abogadis, que está dirigido por el letrado Jorge Rodríguez, cuya trayectoria profesional ha estado ligada al PP como concejal de Las Palmas de Gran Canaria, diputado regional y senador.
Hechos
La condena se produjo en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), una sentencia que adquirió firmeza en noviembre de 2021, tras ser ratificada en su totalidad por el Tribunal Supremo (TS).
El magistrado aprovechó una investigacón judicial al empresario Miguel Ángel Ramírez para maniobrar contra Victoria Rosell durante los meses que la sustituyó en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, con la finalidad de perjudicar la carrera política de su colega, quien había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales con Podemos.
Argumentos
La treintena de letrados firmantes solicita la aplicación del actual Estatuto General de la Abogacía Española, que entró en vigor en julio de 2021. Entre los requesitos para colegiarse establece que los abogados deben "carecer de antecedentes por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía", según el artículo 9.1.e).
El Estatuto de la Abogacía anterior si permite la colegiación de Alba porque sólo plantea una inhabilitación específica para no poder ejercer, pero los letrados consideran que ese criterio no se puede aplicar de forma retroactiva, pues no se trata de una sanción o de una medida de cárcter penal, sino de "una condición habilitante para el ejercicio profesional".
Legalidad
Esos requisitos de acceso, por tanto, deben de ser valorados en función de la normativa vigente en el momento en el que Alba solicitó la colegiación, "no en función de la normativa vigente en el momento en el que se cometieron los hechos delictivos", detalla el escrito de impugnación presentado.
El principio de legalidad administrativa, además, impone la obligación de actuar con arreglo a la normativa vigente en el momento de dictarse el acto administrativo.
Informe jurídico
Los letrados no solo piden que se revoque la decisón de admitir a Salvador Alba como abogado colegiado, sino que acompañan la petición con un dictamen jurídico. En ese informen advierten a la Junta de Gobierno de incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico si no corrigen su decisión, la cual podría ser nula de pleno derecho tras ser revisada de oficio.
El escrito lleva fecha del pasado viernes 13 de junio y está suscrito por 32 abogados, aunque el movimiento acaba de comenzar y es problabe que lo respalden más compañeros a medida que se conozca la propuesta.
Cancelación
Los antecedentes penales por condenas graves solo se pueden cancelar por el Ministerio de Justicia a los diez años de haber cumplido la pena en su integridad, siempre y cuando no se vuelva a delinquir en ese periodo.
Según los firmantes, con el Código Penal en la mano, Alba no podría ejercer como letrado hasta transcurridos esos diez años.