El Tribunal de Cuentas (TC) ha ‘tirado de las orejas’ a Las Palmas de Gran Canaria por la gestión de la MetroGuagua. El proyecto, que acumula retrasos, millones de euros invertidos, subvenciones devueltas y obras paralizadas, aparece en un informe donde el órgano fiscaliza de manera detallada las actuaciones en movilidad de varias ciudades españolas.
El resto de urbes de las que se analiza su situación son Alicante, Bilbao, Córdoba, Málaga, Murcia, Palma, Sevilla y Zaragoza. En todas —incluida la capital grancanaria—, se centran en los ejercicios 2023 y 2024.
El documento, firmado el 18 de diciembre por la presidenta del TC —Enriqueta Chicano—, analiza el cumplimiento en materia medioambiental, verifica las actuaciones de cara a promover una movilidad sostenible e indaga en cuestiones como las obras ejecutadas para mejorar el transporte público. Ahí es donde entra en juego la MetroGuagua.
Cuatro actuaciones
Las cuatro actuaciones que estuvieron bajo el punto de mira son el diseño, el suministro, la instalación y el mantenimiento de las marquesinas (6,2 millones); el paso inferior de Santa Catalina (16,6 millones); el tramo entre Eduardo Benot y Juan Rejón (3,2 millones) —que ya está finalizado—; y la estación de guaguas en Hoya de La Plata (6,7 millones).
En total, las cuatro suman 34.544.516,48 euros. El Tribunal de Cuentas recoge que los trabajos llevados a cabo por el Ayuntamiento capitalino y Guaguas Municipales —la empresa pública de transportes en el municipio— están enmarcados en el plan de movilidad de la ciudad. Recoge también que la MetroGuagua se proyectaba para el corto y medio plazo.
Plazos incumplidos
Pero aclara que —como a poca gente se le escapa— varias incidencias en la ejecución de las obras han provocado que todavía no hayan concluido a pesar de que el plazo marcado en un principio era el 2021 —es decir, acabar en tan solo cuatro años—. Lejos queda aquel objetivo y Augusto Hidalgo, alcalde la capital en ese entonces, ha admitido que se quedaron cortos.
Ahora se prevé terminar en el segundo trimestre de 2028, aunque el TC se muestra cauteloso: “Salvo que concurran nuevas circunstancias que impidan su cumplimiento”. “De los ocho tramos previstos en el proyecto, han finalizado las obras de cuatro, otros dos se encuentran en ejecución y dos están en fase de proyecto”, indica el informe del Tribunal de Cuentas.
Presupuesto disparado
Sostiene que, a 31 de diciembre de 2024, el presupuesto se disparó el 54,95% alcanzando los 158.542.126 euros. Algunas de las incidencias que han ocurrido por el camino —según recoge el TC— son modificaciones contractuales, demoras en la licitación y en la ejecución de las obras y resoluciones de contratos —como el del paso inferior de Santa Catalina—.
Una de las principales polémicas de la MetroGuagua ha girado en torno a la estación de Hoya de La Plata. Las previsiones actuales del Consistorio sitúan el inicio de las obras al inicio de 2027 con un tiempo de ejecución de 28 meses. O, dicho con otras palabras, el final del proyecto podría situarse en el año 2029 —retrasando aún más su puesta en marcha—.
Contrato fallido
El TC recoge que el contrato inicial se formalizó en septiembre de 2021 con un importe de 8,7 millones de euros y un plazo de año y medio. Pero el 7 de septiembre de 2023 se resolvió el contrato porque la empresa adjudicataria incumplió los tiempos previstos. A los 15 meses de los 17 totales para terminar, se había ejecutado menos del 5% del presupuesto.
El Tribunal de Cuentas recuerda también que el Consistorio ha tenido que reintegrar la subvención concedida por el Ministerio de Fomento que alcanzaba los 10 millones de euros junto a 2,3 millones en concepto de demora por no haber podido justificar la ejecución de las obras en la fecha límite concedida —el 30 de noviembre de 2022—.
Millones devueltos
Aunque la cosa no queda ahí porque, subraya el TC, el Ayuntamiento ha tenido que devolver 13.303.976,49 euros de las subvenciones recibidas por incumplimiento de plazos y falta de justificación: 13,1 millones al Estado y 202.268,24 euros al Gobierno de Canarias. Todo sin olvidar unos cuantos millones más a ambos en intereses de demora.
A fecha del informe, estaban pendientes de justificar 12.000.000 euros —11.000.000 euros ante la Administración General del Estado y 1.000.000 euros ante el Gobierno de Canarias—. Aunque, eso sí, el Tribunal de Cuentas aclara que algunas estaban aún a tiempo de hacerlo.
Fondos europeos
Otra mención relevante del informe es el préstamo recibido por el Banco Europeo de Inversiones por 50 millones. “Asimismo, se han concedido entre 2017 y 2023 subvenciones por un total 40.013.847 euros, procedentes de la AUTGC por 5.313.847 euros y del Gobierno de Canarias por 8.700.000 euros y del Estado por 26.000.000 euros”, reza el documento.
Tampoco deja de lado el Tribunal de Cuentas que se está investigando por lo penal “unas diligencias previas, en cuatro piezas separadas, en las que se investigan hechos relacionados con el proyecto de implantación del tramo 8”. No lo menciona abiertamente, pero todo apunta a que habla del caso Valka, una presunta trama de corrupción urbanística.
Personación
En aquel momento, dice, el Ayuntamiento manifestó desconocer el estado de la investigación porque se le había denegado la personación como perjudicado —aunque tiempo después, el 30 de septiembre de 2025, pudo serlo tras estimarse un recurso que había interpuesto—.
El contrato para hacer realidad el paso inferior de Santa Catalina tampoco se ha librado de problemas. Tenía que acabarse el 31 de enero de 2023, pero distintas incidencias han motivado que el acuerdo con la empresa se haya anulado. Las obras siguen paradas.
Obras problemáticas
“En junio de 2023 se evidenciaron problemas de inestabilidades, deslizamientos y derrumbes de importante envergadura de la capa superficial, así como la necesidad de realizar nuevos trazados de las conducciones y canalizaciones, lo que motivó que hubiera que modificarse el contrato, con un aumento del importe del contrato de 4.947.906,11 euros, que representa el 29,90 %, y una ampliación del plazo de ejecución de seis meses”, desarrolla el TC.
Explica el documento que el 28 de noviembre de 2023 la UTE adjudicataria declaró que el proyecto modificado aún no se había concluido, “por lo que no era posible continuar la ejecución de las obras”, solicitando una suspensión temporal que no fue autorizada.
Tramo terminado
Finalmente, tras un sinfín de discrepancias entre ambas partes, el 14 de abril de 2025 se aprobó la certificación final de la obra por un importe de 603.345,48 euros como consecuencia —principalmente— de las deficiencias de ejecución detectadas por la dirección facultativa de las obras.
En cuanto a las obras del tramo 8 —ya terminado—, el TC indica que pese a haberse recurrido a la tramitación urgente, ha sido objeto de siete prórrogas y un modificado sin variación económica respecto del proyecto de obras adjudicado. En total han supuesto una ampliación total del plazo de ejecución de 16 meses, concluyendo en noviembre de 2024.
Recomendación final
Entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas se dirige a Las Palmas de Gran Canaria —entre otras urbes— para aconsejarles que extremen el rigor en la planificación, preparación, adjudicación y supervisión de los contratos, especialmente en los de obras de grandes proyectos de infraestructuras.
¿El objetivo? “Evitar que se produzcan incidencias en su ejecución que desvirtúen las condiciones en las que fueron originariamente licitadas, tales como demoras, modificaciones contractuales que frecuentemente implican ampliaciones de plazo e incrementos de costes, suspensiones y resoluciones de contratos”.
El informe del Tribunal de Cuentas deja así un retrato de la MetroGuagua marcado por los retrasos, los sobrecostes, las obras paralizadas y la devolución de subvenciones. Un proyecto que debía estar terminado en 2021 encara ahora nuevos plazos, con la previsión de que algunos de sus elementos no estén finalizados hasta 2029.
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