La investigación del denominado caso Valka ha abierto un nuevo frente que trasciende el urbanismo y alcanza la gestión de una ayuda pública destinada a la Iglesia de los Dolores, en el barrio de Schamann. En uno de los apartados más delicados del informe remitido por la Guardia Civil al juzgado, la Unidad Central Operativa (UCO) atribuye al exdirector general de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién, una posible “gestión paralela e irregular de fondos públicos” relacionada con una subvención destinada a la restauración del campanario del templo.
La conclusión de los investigadores se produce tras analizar una serie de conversaciones mantenidas entre Setién y María de León Rodríguez, conocida como “Elba”, así como diversa documentación obtenida durante la investigación. Según la UCO, los mensajes evidencian que Setién seguía interviniendo en asuntos vinculados a la administración municipal pese a haberse jubilado oficialmente meses antes.
Una subvención bajo la lupa
La Guardia Civil sitúa el origen del episodio en una ayuda pública destinada a financiar actuaciones en el campanario de la Iglesia de los Dolores. El informe señala que la conversación analizada gira en torno a la situación administrativa de esa subvención y a los problemas documentales que presentaba el expediente.
Los investigadores llegan a afirmar que existiría una “grave anomalía administrativa”, ya que, según exponen, la ayuda habría sido concedida sin que constara previamente la documentación necesaria ni la formalización del convenio correspondiente.
Es precisamente ese contexto el que lleva a la UCO a formular una de las conclusiones más contundentes de todo el informe. Los agentes sostienen que la intervención de Setién para tratar de resolver esas deficiencias documentales resulta especialmente relevante debido a que el exresponsable de Urbanismo ya estaba jubilado cuando se produjeron los hechos analizados.
“Gestión paralela e irregular”
La frase más dura del informe aparece cuando la Guardia Civil vincula directamente la actuación de Setién con una presunta gestión irregular de recursos públicos.
Los agentes escriben que, dada su condición de jubilado, la participación del exdirector general mediante accesos remotos a sistemas municipales para intentar solucionar problemas relacionados con la subvención constituye un “indicio de gestión paralela e irregular de fondos públicos”.
La investigación considera especialmente significativo que esa actuación se produjera en un momento en el que Setién ya no formaba parte de la estructura administrativa municipal, circunstancia que constituye uno de los ejes centrales del caso Valka.
De hecho, buena parte de la investigación gira en torno a la hipótesis de que el exalto cargo habría continuado participando en expedientes, consultas y gestiones municipales después de su jubilación gracias a accesos remotos a sistemas internos del Ayuntamiento y de Geursa. Esa sospecha aparece repetidamente a lo largo del informe policial.
Los mensajes sobre los 100.000 euros
La documentación incorporada al informe incluye conversaciones entre María de León Rodríguez y Setién relacionadas con la financiación de las obras.
En uno de los mensajes, María de León pregunta por una subvención destinada a la reparación del campanario. La respuesta de Setién es inmediata: “300.000 € poníamos nosotros”. A continuación añade: “Para un convenio a tres partes: cabildo, Ayto y diócesis”.
La conversación continúa con una cuestión que los investigadores consideran especialmente relevante. María de León pregunta: “Y esos 100.000 nuestros como se gestionaron?”
Posteriormente insiste sobre la situación administrativa de la ayuda y muestra su sorpresa por la existencia de fondos disponibles pese a que las obras ya se habrían ejecutado: “Están los 100.000 en disponible. Si la obra está hecha no entiendo nada”.
Setién responde entonces: “Nuestros son 300.000”.
Un nuevo episodio del caso Valka
La referencia a la Iglesia de los Dolores constituye uno de los episodios más sensibles de un procedimiento que hasta ahora había estado centrado principalmente en operaciones urbanísticas, planeamiento y acceso a información municipal reservada.
La UCO no atribuye irregularidad alguna a la parroquia ni a la Diócesis de Canarias. El foco de la investigación se sitúa exclusivamente en la actuación de las personas investigadas y en la forma en que, presuntamente, se gestionó la subvención pública analizada.
Por el momento, las conclusiones recogidas en el informe corresponden a la interpretación policial de los hechos y deberán ser valoradas durante la instrucción judicial. Sin embargo, el documento incorpora una acusación especialmente grave desde el punto de vista administrativo: que un antiguo responsable municipal ya jubilado habría seguido interviniendo en la gestión de fondos públicos y en la resolución de incidencias documentales asociadas a una subvención municipal, una actuación que la Guardia Civil califica expresamente como un posible ejemplo de “gestión paralela e irregular”.