El sindicato Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) ha registrado una solicitud formal dirigida al concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para actualizar las condiciones del trabajo nocturno. La organización sindical reclama una negociación específica que permita adecuar tanto la compensación económica por jornada penosa como el número de efectivos operativos en la capital grancanaria.
La central sindical plantea que las compensaciones económicas actuales deben adaptarse al contexto de vacantes existentes en la plantilla de la Policía Local. Por ello, propone fijar el complemento mensual en 650 euros para los agentes y en 700 euros para los oficiales. La escala ejecutiva también vería actualizadas sus retribuciones de nocturnidad, con 725 euros para subinspectores y 750 euros para inspectores municipales.
Propuesta de mínimos
La representación laboral de los agentes locales subraya la necesidad de blindar un número mínimo de trabajadores que permita cubrir las bajas médicas sobrevenidas y los descansos. La propuesta de USPB establece que el turno nocturno debe contar con al menos 35 efectivos para responder a las necesidades de seguridad ciudadana en la ciudad. Este contingente mínimo garantizaría la operatividad frente a cualquier imprevisto de salud del personal.
Este despliegue se estructuraría en diez unidades operativas, dos componentes para el área de Atestados, cuatro para Transmisiones y dos para el radar. La central sindical propone que en las plazas adicionales se priorice la incorporación de policías voluntarios mayores de 55 años para tareas de vigilancia fija. El despliegue se completaría con un inspector o subinspector y un oficial al mando del operativo durante las horas de madrugada.
Acuerdo laboral
La organización profesional de seguridad subraya que es prioritario garantizar la estabilidad de las plantillas mediante una predisposición política real. El objetivo final de la propuesta trasladada al área de Gobierno de Seguridad, Convivencia y Cultura es alcanzar un pacto regulador que perdure durante los próximos diez años en el municipio. Se busca así dar una solución estructural a la falta de personal y a la compensación por la penosidad del horario.
El documento insta igualmente al consistorio a cubrir todas las plazas vacantes del grupo GOIA y a incrementar el personal de Atestados para reforzar la vigilancia administrativa y de tráfico. La solicitud ha quedado registrada oficialmente ante la administración municipal este lunes 23 de marzo de 2026. Esta medida busca profesionalizar y estabilizar un turno crítico para la convivencia ciudadana en los barrios de la capital.